Avanza proceso de la URT para presentar demandas de derechos colectivos territoriales de comunidades étnicas

En estos municipios, el equipo étnico de la Unidad de Restitución de Tierras ha dado inicio a una serie de acciones preparatorias para presentar demandas en defensa de los derechos colectivos territoriales de siete comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos U’wa y Betoy.

En Saravena, se han elaborado informes detallados de caracterización que son requisitos fundamentales para la preparación de las demandas de derechos étnicos referentes a los territorios colectivos de Calafitas I, Calafitas II y Valles del Sol, pertenecientes al pueblo indígena U’wa. Estas demandas buscan reivindicar el derecho territorial sobre una extensión de aproximadamente 30,000 hectáreas. Las actividades de caracterización han estado incluidas en un enfoque étnico y se han llevado a cabo en colaboración con las autoridades indígenas de los territorios, respetando plenamente la cultura y el sistema de autogobierno de las comunidades.

Además, se ha establecido una estrecha colaboración entre la entidad y las comunidades étnicas, con el apoyo de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del departamento de Arauca (Ascatidar). La presidenta, Stella Pérez Sánchez, y la vicepresidenta, Luz Nelly Unaria, han subrayado que el objetivo principal de esta colaboración es generar beneficios para 225 familias.

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En Tame, la URT ha llevado a cabo la asamblea de cierre de la fase de caracterización y registro de procesos en beneficio de las comunidades Roqueros y Genareros del pueblo indígena Betoy. En esta asamblea, tanto la comunidad como las autoridades indígenas han aprobado de manera unánime el informe étnico que servirá de base para la presentación de la demanda de derechos colectivos territoriales sobre una extensión de aproximadamente 500 hectáreas de este territorio.

Entre las demandas de derechos territoriales presentadas por las comunidades indígenas Roqueros y Genareros, se incluyen una serie de medidas cautelares destinadas a garantizar la atención humanitaria de emergencia para estos pueblos indígenas. Esto se debe a las situaciones de vulnerabilidad e indefensión en las que se encuentran actualmente debido al conflicto armado interno.

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