Mediante un nuevo oficio remitido el 20 de mayo de 2025, el gobernador encargado de Arauca, Nasser Cruz Matus, reiteró su llamado al Gobierno Nacional para tomar “acciones URGENTES que permitan dar fin a un escenario de conflicto que se ha enquistado en nuestra sociedad y lleva más de 70 años de evolución”.
De acuerdo con el documento, entre 2021 y mayo de 2025 han muerto 862 personas en el departamento, de las cuales 220 fallecimientos se registraron entre 2024 y 2025, y el 95 % de estos casos son producto de confrontaciones armadas. Esta situación, según el gobernador, ha dejado “familias rotas, hijos huérfanos, tierras abandonadas, empresas y unidades productivas quebradas”.
La comunicación denuncia que “los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales han escalado a niveles alarmantes”, con una serie de delitos como hostigamientos, secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos, que afectan gravemente el entorno social, económico y ambiental del departamento.
Uno de los puntos más sensibles del documento es la preocupación por el reclutamiento forzado de menores. El gobernador señala que “niños, niñas y jóvenes son objeto de reclutamiento forzado en áreas urbanas y rurales”, lo que representa una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.
El escrito también advierte sobre nuevos métodos de intimidación, como “la instalación de francotiradores que acechan a la población”, así como atentados, asesinatos de civiles y abandono de cuerpos en zonas rurales. “El miedo se ha convertido en una norma de vida para la población araucana”, afirma la carta.
Asimismo, se hace énfasis en el riesgo que enfrentan líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes han sido blanco de amenazas y ataques constantes, generando desplazamientos forzados y aumento de la pobreza en las zonas receptoras.
El gobernador Cruz Matus hizo un llamado a “no desistir en el propósito de instalar nuevamente las mesas de diálogo con los grupos armados ilegales” y a exigir a todos los actores el respeto a la vida, la propiedad privada y la exclusión de la población civil del conflicto.
Aunque reconoce el despliegue de más de 1.700 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 8, la carta insiste en que se requieren acciones integrales. “No solo hacen referencia a operativos militares, sino también de tipo social y económico”, señala, para fortalecer el orden social y los derechos fundamentales de los habitantes.
