El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, rechazó el reciente pronunciamiento del ELN sobre aplicar “juicio revolucionario” a dos integrantes de la Policía Nacional y dos funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación que permanecen secuestrados.
El Ministro de Defensa cuestionó la legitimidad del grupo armado, al señalar que no representa ninguna autoridad judicial ni legal, y afirmó que sus acciones corresponden a estructuras asociadas al narcotráfico.
“El cartel del ELN ni es autoridad judicial, ni tampoco es un órgano del Estado, es una amenaza contra los colombianos. El repudiable delito del secuestro tiene una condena de hasta 40 años de prisión, así que exigimos a todos los colombianos”, dijo el Ministro.
Hay que recordar que entre los secuestrados se encuentran los uniformados de la Policía Nacional, subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes fueron reportados como retenidos el 20 de julio de 2025 en la vía Tame – Arauca. Así mismo, los funcionarios del CTI Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo completarán cerca de un año en cautiverio el próximo 8 de mayo.
Gobernación de Arauca rechaza “juicio revolucionario” del ELN a secuestrados
El ministro envió un mensaje a las familias de las víctimas, indicando que cuentan con el respaldo del Estado y el acompañamiento de la comunidad internacional para lograr su liberación. También hizo un llamado a distintos sectores de la sociedad, incluidos defensores de derechos humanos y la Iglesia Católica, para unirse a la exigencia de liberación de los secuestrados.
“Le pedimos a la comunidad internacional, organismos de derechos humanos, Iglesia Católica y al mundo entero, a que se unan en este propósito para traer a todos los colombianos que están secuestrados al seno de sus familias”, manifestó.
Finalmente, el funcionario reiteró la disponibilidad de la línea gratuita nacional 107 contra el terrorismo, habilitada las 24 horas para recibir denuncias de la ciudadanía, garantizando reserva absoluta sobre información relacionada con actividades que pongan en riesgo la seguridad o que permitan ubicar a las víctimas.
