La defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, especialmente durante operaciones militares contra grupos armados ilegales. La funcionaria también alertó sobre el incremento del subregistro de este delito y afirmó que el Cauca continúa siendo el departamento con mayor afectación.
Al pronunciarse sobre la reciente decisión judicial relacionada con los bombardeos en los que han fallecido menores de edad, Marín manifestó que la Defensoría del Pueblo mantiene una posición de respeto frente a las actuaciones de la justicia.
“Lo primero es total respeto a las decisiones judiciales. Entiendo que es una decisión de primera instancia, así que seguirá la controversia en torno a esta misma decisión”, expresó.
La defensora recordó que la entidad ha insistido en la necesidad de que el Estado adopte todas las medidas posibles para evitar que menores de edad pierdan la vida durante operaciones militares, teniendo en cuenta que muchos de ellos fueron incorporados de manera forzada a los grupos armados.
“Hemos hecho un llamado de siempre al Gobierno Nacional a tomar todas las precauciones posibles para evitar que en los bombardeos mueran menores de edad que han sido victimizados por los grupos armados y, luego, doblemente victimizados a través de estos bombardeos”, afirmó.
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En ese sentido, sostuvo que la condición de combatiente no elimina la obligación estatal de proteger a los menores de edad, pues siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado.
“El hecho de que se conviertan en combatientes no les retira la obligación del Estado de protegerlos en todo tiempo y lugar”, enfatizó Marín.
La funcionaria explicó que el debate no puede reducirse únicamente a la dimensión militar, sino que debe considerar los derechos de la niñez.
“Aquí hay una tensión entre la protección de la seguridad de la población en general y los derechos de los menores de edad que eventualmente resultan afectados en estos bombardeos”, señaló.
Por ello, insistió en que tanto el presidente de la República como el Ministerio de Defensa deben mantener como prioridad la protección de los menores reclutados.
“Siempre nuestro llamado ha sido a que el Gobierno Nacional, el presidente de la República y el ministro de Defensa tomen todas las medidas para evitar al máximo que mueran menores de edad dentro de estos bombardeos, teniendo en cuenta su previa victimización”, agregó.
Al referirse al reclutamiento forzado, la defensora advirtió que las cifras oficiales no reflejan la verdadera magnitud del fenómeno, debido al aumento del subregistro.
“Tenemos un alto nivel de subregistro y hemos observado que ese subregistro ha subido durante este año y no se compadece con la realidad de permanencia del reclutamiento forzado”, aseguró.
Marín indicó que el Cauca continúa siendo el principal foco de reclutamiento de menores, especialmente entre comunidades indígenas.
Según indicó, varios de esos menores han fallecido posteriormente en enfrentamientos entre grupos armados ilegales o durante acciones adelantadas por la Fuerza Pública.
Consultada sobre el número de menores fallecidos durante bombardeos en el actual Gobierno, Marín indicó que la Defensoría dispone de registros, aunque aclaró que no tenía la cifra actualizada al momento de la entrevista.
“Si mal no recuerdo, tenemos más de 60 menores de edad que habrían muerto, pero es posible que en una cifra más actualizada sea mayor”, dijo.
Finalmente, la defensora insistió en que la respuesta estatal debe priorizar la prevención del reclutamiento, además de las acciones de seguridad.
“No podemos seguir únicamente refiriéndonos a niños que ya terminaron reclutados y que terminan muriendo en combates, bombardeos u hostilidades. Tenemos que hablar de prevención”, afirmó.
