La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta preventiva ante el vencimiento del contrato fiduciario del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), previsto para el 31 de octubre de 2026, y la necesidad de conseguir $1,84 billones adicionales para financiar la atención en salud de los docentes y sus beneficiarios durante el resto del año.
El organismo de control solicitó al Consejo Directivo del FOMAG explicar cuáles son las decisiones adoptadas para garantizar la continuidad de la administración de los recursos a partir del 1 de noviembre. La preocupación se concentra en evitar interrupciones en los servicios médicos y en el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas del magisterio.
La advertencia se produce cuando faltan pocos días para la terminación del contrato fiduciario y aún se requieren definiciones sobre el mecanismo que permitirá mantener el funcionamiento del Fondo.
En materia presupuestal, la Procuraduría señaló que, pese a la aprobación de un traslado de $859.000 millones para fortalecer el componente de salud, permanece un déficit estimado de $1,84 billones frente a las necesidades financieras proyectadas para 2026.
El movimiento presupuestal fue aprobado por el Consejo Directivo del FOMAG el pasado 2 de octubre, mediante una transferencia de recursos del rubro de pensiones al de salud. Según el Ministerio de Educación, esta decisión elevó el presupuesto del componente sanitario de aproximadamente $3,7 billones a cerca de $4,6 billones.
Sin embargo, los recursos trasladados no cubren la totalidad de las obligaciones previstas para el cierre del año, por lo que se requieren nuevas gestiones presupuestales.
En ese contexto, la Procuraduría pidió información sobre las solicitudes presentadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo los montos requeridos, el avance de los trámites y las alternativas contempladas en caso de que los recursos no estén disponibles oportunamente.
El ente de control también requirió conocer los planes de contingencia diseñados para garantizar que las dificultades contractuales y financieras no comprometan la atención de los afiliados ni el cumplimiento de las obligaciones económicas del Fondo.
La solicitud incluye la entrega prioritaria de documentos que permitan establecer cómo continuará la administración fiduciaria después del 31 de octubre y qué acciones se encuentran previstas para asegurar el funcionamiento del sistema desde el primer día de noviembre.
La Procuraduría recordó que las entidades responsables deben garantizar la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios de salud, independientemente de los procesos administrativos que deban adelantarse para resolver la situación.
