La entidad instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a implementar acciones contundentes para salvaguardar la vida e integridad de las comunidades en riesgo.
La Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación ante la alarmante violación de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) que afectan a la población de Arauca.
La Defensoría destaca que el accionar de grupos armados ilegales ha causado vulneraciones constantes en 14 veredas y tres resguardos indígenas en Tame (pueblos Sikuani-Makaguan y Uwa), en 21 veredas y tres resguardos indígenas en Arauquita (pueblo Hitnü), y en nueve veredas de Puerto Rondón, donde el conflicto armado se intensifica.
“Hacemos un llamado a fortalecer la respuesta institucional y a implementar acciones que garanticen la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, promoviendo un entorno de respeto a la población, con seguridad y justicia”, declaró la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
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La disputa territorial en el departamento, que involucra al ELN (Frente de Guerra Oriental) y facciones disidentes de las Farc (afines a ‘Iván Mordisco’), está vulnerando gravemente los derechos de las comunidades. Desde junio pasado, se ha evidenciado un aumento considerable de las acciones de estos grupos armados.
Homicidios y riesgo para la comunidad educativa
En Tame, Arauquita y Puerto Rondón, se reportan de manera constante homicidios selectivos, especialmente contra líderes y lideresas sociales, así como miembros de juntas de acción comunal. En lo que va del año, se han registrado 143 homicidios, de los cuales 18 son líderes sociales y ocho mujeres. Entre los casos más recientes se encuentran el asesinato de dos jóvenes en el corregimiento La Esmeralda, una mujer en El Troncal, Arauquita, y el líder social Alveiro Caicedo, expresidente de ASOJUNTAS de Tame y miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos de Arauca.
Las amenazas sistemáticas y los riesgos derivados de la confrontación armada han puesto en peligro el entorno educativo. Durante los desplazamientos hacia las escuelas, profesores y estudiantes han quedado atrapados en medio de combates, lo que ha comprometido tanto sus vidas como su derecho a la educación.
En los tres municipios, las víctimas, incluidos líderes comunales, se ven obligadas a abandonar sus bienes y proyectos productivos, financiados mediante créditos. Las cosechas se están perdiendo y muchos campesinos han tenido que abandonar sus tierras.
Desplazamientos y confinamientos
Los fenómenos de desplazamiento, secuestro, amenazas y hostigamientos son cada vez más comunes en Arauca. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 132 familias (412 personas) han sido desplazadas en lo que va de 2024. Además, se estima que existe un subregistro de familias que han huido por temor a represalias y que no han denunciado su situación. Asimismo, 38 comunidades campesinas e indígenas han sido sometidas a confinamiento, afectando a 2,044 familias (aproximadamente 6,141 personas).
El desplazamiento masivo de al menos 50 personas (19 familias) desde la vereda Agua Blanca en Tame hacia Sácama, Casanare, también ha sido reportado tras intensos combates entre grupos insurgentes, que habrían dejado un saldo elevado de combatientes muertos y la toma de rehenes.
Llamado a la desescalada de la violencia
“Tanto el ELN como las disidencias de las Farc deben cesar sus acciones armadas en el territorio y demostrar gestos de paz, desescalando su accionar violento y terrorista contra la población civil. Deben cumplir con los principios del DIH y respetar los derechos humanos. Las comunidades, especialmente las niñas, niños, adolescentes y mujeres, no deben quedar atrapadas en medio de confrontaciones armadas”, enfatizó la Defensora del Pueblo.
Iris Marín Ortiz también considera fundamental que las autoridades reconozcan las graves violaciones a los derechos humanos y las recurrentes infracciones al DIH en Arauca, con el objetivo de implementar medidas de prevención, protección y atención a la población afectada.
La Defensoría mantiene vigentes las recomendaciones establecidas en las Alertas Tempranas 023-21, 011-23 y 019-23, así como sus respectivos informes de seguimiento, solicitando a las autoridades una mayor presencia institucional y acciones concretas para mitigar el conflicto armado en el departamento.
