En una extensa jornada de trabajo, autoridades locales, nacionales e indígenas se reunieron en el municipio de Arauca junto a la magistrada Patricia Linares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para abordar la crítica situación de las comunidades indígenas asentadas en la región.
Durante el encuentro, que se extendió por cerca de siete horas, se analizaron los avances institucionales y se trazaron compromisos para mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones, en particular de los pueblos sikuani y Guamone.
“Actualmente en el municipio de Arauca hay 1.437 indígenas, de los cuales 737 pertenecen a los resguardos locales”, explicó William Paul León, secretario de Inclusión Social. El resto corresponde a comunidades que no son originarias del territorio y que llegaron desplazadas por el conflicto armado.
Según León, la atención a esta población enfrenta limitaciones presupuestales. “Contamos con recursos limitados del ICLD, SGP y SGR que solo permiten cubrir a las comunidades indígenas reconocidas oficialmente”, indicó. Para atender al resto de las comunidades se han realizado gestiones interinstitucionales con otras entidades y organizaciones cooperantes.
Durante la sesión se propuso realizar estas mesas de trabajo al menos dos veces al año, de manera virtual o presencial, con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos adquiridos.
León también hizo énfasis en la necesidad de entender la diversidad cultural de las comunidades. “No se puede generalizar a la población indígena; cada comunidad tiene particularidades que deben ser consideradas”, dijo.
Uno de los puntos centrales fue la aplicación de la justicia. León recordó que la jurisdicción especial indígena solo aplica dentro del resguardo, mientras que fuera de él, debe regir la justicia ordinaria. También llamó a los gobernadores indígenas a ejercer su rol de autoridad en los territorios.
La comunidad Guamone, ubicada en el antiguo basurero municipal, fue señalada como una de las más vulnerables. Llegaron a Arauca en búsqueda de asistencia, inicialmente motivados por beneficios ofrecidos por el DPS. “Hoy estas comunidades requieren soluciones sostenibles, no solo asistenciales”, enfatizó.
El funcionario concluyó que el reto institucional es “dignificar a las comunidades indígenas y garantizar su convivencia armónica con el resto de la población”, aunque reconoció que los recursos siguen siendo insuficientes.
