Según informó el Ejército Nacional, en una operación conjunta, el Gaula Militar Casanare, en coordinación con el Grupo Aéreo del Casanare de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, capturó en las últimas horas a alias “Alfredo” o “Guandú”, señalado como el principal cabecilla de finanzas de la Subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del grupo armado organizado Clan del Golfo, que operaba en los municipios de Yopal, Aguazul y Maní, en el departamento de Casanare.
La captura se realizó en el casco urbano de Yopal mediante una orden emitida por la Fiscalía General de la Nación. Según informes de las autoridades, alias “Alfredo” o “Guandú” sería el encargado de las finanzas del Clan del Golfo en la zona, manejando el cobro de cuotas extorsivas, el pago de nóminas y la planificación de homicidios selectivos en Yopal y Aguazul.
Tras su detención, el capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para iniciar el proceso correspondiente.
El Ejército Nacional, junto con la Décima Sexta Brigada, reiteró su compromiso de mantener operaciones ofensivas de manera conjunta e interinstitucional, con el propósito de neutralizar las actividades delictivas de los grupos armados organizados que afectan la seguridad y tranquilidad de los habitantes de esta región.
Golpe al Clan del Golfo en Casanare: Capturan a alias ‘Alfredo’, jefe de finanzas en esa región 2
Con cierta esperanza, varios de los beneficiarios del proyecto habitacional del municipio de Arauquita que por sus viviendas pendientes desde el 2022, celebraron el anuncio por parte del Gobernador de Arauca, Renson Martínez, con respecto a la destinación de más de 2.300 millones de pesos para la finalización de la construcción de las 329 viviendas de interés prioritario.
Reynaldo Ramírez, veedor de este proyecto de vivienda, expresó que ojalá en el menor tiempo posible sean solventados los problemas técnicos que alegó el contratista en su momento, pues muchas familias requieren habitar dichas viviendas.
“El proyecto transita por unos problemas técnicos porque a la hora de la elaboración del proyecto no se contemplaron muchos ítems y pues obviamente al ejecutarlo, al no estar esos ítems pues no se podían ejecutar. Afortunadamente esta administración ha logrado realizar un ajuste en el sentido de que esas cosas que no se contemplaron ya se les haya asignado un recurso para que de parte del contratista arranque nuevamente con el proyecto”, expresó el veedor.
Aunque no se conoció fecha de entrega, se espera que a finales del próximo año se de feliz término a este proyecto que desde el 2022 inició con varias dificultades por parte del contratista, según denunciaron las comunidades en varias oportunidades en la Asamblea.
Cabe mencionar que estas viviendas son prefabricadas con dimensiones de siete metros de ancho y 12 metros de largo, las cuales cuenta con tres habitaciones, sala – comedor y baño.
De otro lado, el Gobernador de Arauca anunció que Arauquita se beneficiará con el mejoramiento de 210 viviendas en zonas urbanas y rurales. Además destacó la ejecución de un convenio con SierraCol Energy para la construcción de 600 viviendas adicionales.
“Seguimos haciendo gestiones que sean exitosas para poder sacar adelante los proyectos que tanto anhelamos para mejorar la calidad de vida de los araucanos. Estamos trabajando de la mano con los alcaldes de los siete municipios y con la Asamblea Departamental”, puntualizó el mandatario.
El más reciente caso se presentó contra el director del medio digital LA LUPA ARAUCANA, Carlos Pérez, por parte del ELN.
En un pronunciamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, la reconocida organización informó que el pasado 5 de noviembre, directivos de La Lupa Araucana, medio digital en el departamento, fueron contactados por el Comando Conjunto de Oriente del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC. Según el comunicado de la FLIP, el periodista y director Carlos Pérez, quien a su vez es corresponsal de Noticias Caracol Televisión, recibió la exigencia de publicar un video con una grave advertencia dirigida a varias comunidades rurales del departamento de Arauca. Las presiones obligaron al equipo periodístico a difundir el contenido en sus plataformas.
En versión de la FLIP, la publicación del video desencadenó una serie de amenazas cruzadas entre el EMC de las FARC y el Frente de Guerra Oriental del ELN, generando aún más tensiones en un ambiente ya hostil. Tras la publicación, el ELN acusó a La Lupa Araucana de servir como “órgano oficial para que se expresen los mercenarios con celeridad y eficiencia”, sugiriendo que el medio favorece a su rival armado. Este tipo de señalamientos subraya la FLIP, compromete gravemente la seguridad de los periodistas.
Además de estas recriminaciones públicas, uno de los periodistas de La Lupa Araucana fue contactado nuevamente por un miembro de las disidencias de las FARC, quien informó sobre la intención de enviar una segunda parte del material. En paralelo, el periodista recibió amenazas directas a través de su cuenta de WhatsApp por parte del ELN, con el aviso de que, si no eliminaba el video, se convertiría en un “objetivo militar”.
La situación en Arauca ha generado un ambiente de censura y autocensura, en el que la prensa local se ve atrapada entre las demandas de los grupos armados, que los acusan de apoyar a uno u otro bando. “La intimidación y acusaciones cruzadas no solo comprometen la vida e integridad de los periodistas de La Lupa Araucana, sino que reafirman la crítica situación que enfrenta la prensa en Arauca”, indicó la FLIP.
Los ataques contra periodistas en el departamento han escalado durante 2024. Según la FLIP, hasta el 7 de noviembre, se han registrado 37 casos de agresiones contra la prensa, incluyendo 21 amenazas y un desplazamiento forzado. La organización señala que estos números superan las cifras del año pasado y muestran un alarmante aumento en la violencia contra la libertad de expresión.
Ante esta realidad, la FLIP hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que refuerce los esquemas de seguridad de los periodistas de La Lupa Araucana y adopte medidas de protección efectivas para reducir el riesgo que enfrentan. La organización también pide a las autoridades nacionales y locales, incluido el Ministerio del Interior, la Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Arauca, que manifiesten su apoyo público y diseñen un plan integral de seguridad para proteger a los comunicadores en la región.
La FLIP insta al gobierno nacional a rechazar de manera contundente las amenazas contra la prensa y a implementar acciones concretas que garanticen un ambiente seguro para el ejercicio periodístico en Arauca, subrayando que “la violencia contra la prensa, especialmente en lugares como Arauca donde se ha presentado una escalada abrupta, requiere de acciones oportunas y contundentes”.
Grupos Armados Ilegales intimidan y amenazan periodistas en Arauca: FLIP 4
Por su parte, el gobierno departamental, en cabeza del gobernador, Renson Martínez emitió un pronunciamiento frente a estos hechos y afirmó que “no nos vamos a cansar de enviar ese mensajes a los grupos armados. Ya no más, ya no más, respetemos la vida de la población civil y no incluyamos a la población civil en este conflicto, en esta violencia sin límites. No incluyamos a los periodistas ni líderes sociales que no tienen nada que ver. Cada uno de nosotros cumplimos una función en la sociedad”, dijo el mandatario regional.
Varios gremios de comunicadores y medios, han manifestado un rechazo total a las intimidaciones que los grupos armados al margen de la ley vienen haciendo a la prensa y población civil.
Las quejas son recurrentes y las autoridades civiles y comunidad han expresado en innumerables ocasiones al gobierno nacional.
Los días 5 y 6 de noviembre, según reportes de usuarios, los habitantes de Arauca enfrentaron problemas de conectividad debido a fallas intermitentes en el servicio de internet que afectaron especialmente el acceso a plataformas de mensajería, navegación y acceso a diversos portales web. Las intermitencias dificultaron la comunicación en sectores clave, causando inconvenientes tanto en el ámbito privado como en el público.
Estas interrupciones estárían relacionadas con trabajos de actualización de la infraestructura tecnológica en el departamento, con el objetivo de incorporar nuevas tecnologías de banda ancha y 5G. Esta modernización busca ofrecer a futuro un servicio de mayor calidad, capaz de responder a la creciente demanda de conectividad en la región.
Mientras avanzan las labores de mejora, las autoridades locales y los proveedores han pedido comprensión a la ciudadanía, destacando que los esfuerzos actuales buscan garantizar una red más estable y accesible para todos en el corto plazo.
Recientemente, estudiantes de la ESAP que forman parte del semillero de investigación de la territorial Arauca, en colaboración con la Fundación Corocoras, publicaron el segundo boletín bimestral sobre percepción ciudadana en el municipio de Arauca.
El economista y analista Eduardo Botero, quien lideró el proceso de investigación, expresó que el 67 % de las personas aproximadamente manifiestan que su situación económica es mala o muy mala. También se encontró que un 40 % de los araucanos reconocen que el desempleo es el principal problema que aqueja el territorio.
Este boletín presenta información sobre diversos aspectos, como los niveles de satisfacción y felicidad de la población, la imagen de las instituciones locales, la confianza en estas entidades, así como los principales problemas que enfrenta la comunidad y las instituciones responsables de su manejo. En esta ocasión, el desempleo se refleja como una de los principales problemas en Arauca.
“Encontramos también otras cosas curiosas, por ejemplo, el 80, %, ocho de cada 10 araucanos manifiestan que los problemas que aquejan al territorio en el día a día, pues necesitan y requieren del ejercicio de la mano dura por parte de las autoridades locales y nacionales”, manifestó.
Es importante mencionar que la encuesta se llevó a cabo en diversas ubicaciones estratégicas de la ciudad, con un enfoque en dar voz a la ciudadanía y fundamentar el debate público en datos concretos. Se espera que los resultados sirvan como insumo para que instituciones públicas y privadas tomen acciones que mejoren la calidad de vida en la región.
“Nuestra idea es que esto llegue a los concejales, al señor alcalde, a los secretarios de despacho, al señor gobernador, sus secretarios y a los diputados, así como a las demás instituciones académicas o sociales que estén interesadas en promover el desarrollo y el bienestar de los araucanos, para que empecemos a debatir y empecemos a cuestionarnos por qué está pasando lo que está pasando en nuestro territorio, por qué las personas se sienten insatisfechas con su vida, por qué las personas se sienten estresados o se sienten de cierta manera preocupados”, finalizó.
El crecimiento de la población ubicada en el casco urbano del municipio de Arauca, ha demandado de nuevas decisiones y acciones en materia de urbanidad por parte de la Administración municipal.
Esto resulta todo un reto dado el ordenamiento actual, pues se requieren de cambios estructurales que podrían parecer “incómodos” para la comunidad pero que hacen parte de la proyección de ciudad que se quiere.
Uno de esos procesos tienen que ver con las licencias de construcción, cuya solicitud ha ido en ascenso en los últimos tres años en la capital araucana, lo que podría ser un indicador del sector construcción en esta zona de frontera. Juan Pablo Rodríguez, jefe de control urbano de la secretaría de planeación del municipio de Arauca, entregó detalles sobre cómo es la solicitud del trámite, qué requisitos contempla y su costo.
“Hay varias modalidades, la más usual es la modalidad obra nueva y es cuando la persona tiene su lote y arranca de ceros y viene a pedir un permiso aquí a la Secretaría de Planeación y pues esto conlleva una serie de requisitos como los planos arquitectónicos debidamente firmados por un profesional, todo el diseño estructural, eléctrico, hidráulico, sanitario y pues digamos que esta es la información esencial en cuanto a la planimetría. Hay otros requisitos como la escritura pública. Ya vienen una serie de requisitos adicionales que conforman el expediente de la licencia y esto podemos encontrar como el paz y salvo municipal”, detalló.
Luego de consignada la documentación, la evaluación de la información y realizado los pagos, en un plazo de 15 a 20 días se podrá entregar la licencia de construcción. Es importante señalar que de ser requerido o encontrado desarrollando una construcción sin el debido permiso, autoridades procederán a la suspensión de la obra.
“Normalmente nosotros a través de los inspectores de control urbano de la secretaría de planeación estamos haciendo un control y vigilancia de la ciudad y pues los encontramos de manera infraganti y digamos procedemos a la suspensión de obra, de ahí les damos 48 horas para que las personas se acerquen a la secretaría de planeación”, explicó.
Con respecto a la solicitud de licencias, el funcionario reveló que este año hasta la fecha se han expedido 185 licencias de construcción, lo que representa un porcentaje mayor con respecto al año anterior (2023) el cual cerró con la expedición de 176 licencias.
“Con tristeza lo decimos, todavía hay mucha informalidad, las personas no se quieren acercar a sacar los permisos y básicamente tenemos que estar persiguiendo a la ciudadanía que no debería ser, deberíamos tener como un sentido de pertenencia mayor por nuestra ciudad, por Arauca y esto pues permite primero hacerle un seguimiento y control, dar las indicaciones pertinentes para la construcción de sus viviendas y segundo pues que esos aportes; el valor de la licencia, pues esos son recursos, se van a convertir en recursos corrientes de libre destinación que se van a ver reflejados en obras funcionamiento del municipio de Arauca”, manifestó.
Por último, se conoció que el costo de las licencias varía según el área y el tipo de construcción, oscilando entre $350,000 y $3,000,000.
Edwin Iván Colmenares, asesor jurídico de una organización de derechos humanos en Colombia, fue retenido en Venezuela por autoridades de ese país el pasado 1 de noviembre mientras cruzaba la frontera hacia Cúcuta. Familiares y defensores piden la intervención de autoridades colombianas y organismos de derechos humanos para asegurar su pronta liberación.
Familiares de Edwin Iván Colmenares, asesor jurídico de la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario (Corprodinco), piden apoyo urgente de las autoridades colombianas y de organismos defensores de los derechos humanos tras su retención por autoridades venezolanas.
Colmenares fue detenido el viernes 1 de noviembre mientras sellaba su pasaporte en la frontera, en una ruta que ha utilizado con frecuencia para visitar a su madre, residente en Cúcuta. Según sus allegados, este trayecto es más seguro y rápido que el desplazamiento interno por Colombia, el cual le tomaría alrededor de 10 horas adicionales.
Las autoridades venezolanas justificaron la retención alegando que, debido a su cargo en una organización de derechos humanos, Colmenares representa un “peligro para el gobierno venezolano”, bajo el argumento de que podría ser un espía o conspirador. Recientemente, el gobierno venezolano ha implementado lineamientos que catalogan a cualquier ciudadano colombiano vinculado a organizaciones de derechos humanos, la fuerza pública o el servicio público como una posible amenaza para el Estado.
En medio de la incertidumbre, sus familiares expresaron su desesperación y desconocimiento sobre el estado y paradero de Colmenares. “Esperamos que Iván regrese pronto a casa, su madre lo espera con lágrimas en los ojos”, señalaron. Además, exhortaron a que todos los mecanismos de defensa de derechos y corporaciones públicas intervengan en favor de su liberación.
La situación ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos en Colombia, quienes advierten sobre el riesgo que enfrentan activistas y defensores en las fronteras. Por ello, instan a una rápida acción diplomática que permita el regreso seguro de Colmenares.
De otro lado, la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario (Corprodinco), a través de un comunicado solicitó la intervención del Estado colombiano y las agencias internacionales para que se pueda dar su pronta liberación.
“Solicitamos como organización de la sociedad civil la intervención diplomática y apoyo en derechos humanos para asegurar la liberación del profesional”.
La entidad instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a implementar acciones contundentes para salvaguardar la vida e integridad de las comunidades en riesgo.
La Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación ante la alarmante violación de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) que afectan a la población de Arauca.
La Defensoría destaca que el accionar de grupos armados ilegales ha causado vulneraciones constantes en 14 veredas y tres resguardos indígenas en Tame (pueblos Sikuani-Makaguan y Uwa), en 21 veredas y tres resguardos indígenas en Arauquita (pueblo Hitnü), y en nueve veredas de Puerto Rondón, donde el conflicto armado se intensifica.
“Hacemos un llamado a fortalecer la respuesta institucional y a implementar acciones que garanticen la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, promoviendo un entorno de respeto a la población, con seguridad y justicia”, declaró la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
La disputa territorial en el departamento, que involucra al ELN (Frente de Guerra Oriental) y facciones disidentes de las Farc (afines a ‘Iván Mordisco’), está vulnerando gravemente los derechos de las comunidades. Desde junio pasado, se ha evidenciado un aumento considerable de las acciones de estos grupos armados.
Homicidios y riesgo para la comunidad educativa
En Tame, Arauquita y Puerto Rondón, se reportan de manera constante homicidios selectivos, especialmente contra líderes y lideresas sociales, así como miembros de juntas de acción comunal. En lo que va del año, se han registrado 143 homicidios, de los cuales 18 son líderes sociales y ocho mujeres. Entre los casos más recientes se encuentran el asesinato de dos jóvenes en el corregimiento La Esmeralda, una mujer en El Troncal, Arauquita, y el líder social Alveiro Caicedo, expresidente de ASOJUNTAS de Tame y miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos de Arauca.
Las amenazas sistemáticas y los riesgos derivados de la confrontación armada han puesto en peligro el entorno educativo. Durante los desplazamientos hacia las escuelas, profesores y estudiantes han quedado atrapados en medio de combates, lo que ha comprometido tanto sus vidas como su derecho a la educación.
En los tres municipios, las víctimas, incluidos líderes comunales, se ven obligadas a abandonar sus bienes y proyectos productivos, financiados mediante créditos. Las cosechas se están perdiendo y muchos campesinos han tenido que abandonar sus tierras.
Desplazamientos y confinamientos
Los fenómenos de desplazamiento, secuestro, amenazas y hostigamientos son cada vez más comunes en Arauca. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 132 familias (412 personas) han sido desplazadas en lo que va de 2024. Además, se estima que existe un subregistro de familias que han huido por temor a represalias y que no han denunciado su situación. Asimismo, 38 comunidades campesinas e indígenas han sido sometidas a confinamiento, afectando a 2,044 familias (aproximadamente 6,141 personas).
El desplazamiento masivo de al menos 50 personas (19 familias) desde la vereda Agua Blanca en Tame hacia Sácama, Casanare, también ha sido reportado tras intensos combates entre grupos insurgentes, que habrían dejado un saldo elevado de combatientes muertos y la toma de rehenes.
Llamado a la desescalada de la violencia
“Tanto el ELN como las disidencias de las Farc deben cesar sus acciones armadas en el territorio y demostrar gestos de paz, desescalando su accionar violento y terrorista contra la población civil. Deben cumplir con los principios del DIH y respetar los derechos humanos. Las comunidades, especialmente las niñas, niños, adolescentes y mujeres, no deben quedar atrapadas en medio de confrontaciones armadas”, enfatizó la Defensora del Pueblo.
Iris Marín Ortiz también considera fundamental que las autoridades reconozcan las graves violaciones a los derechos humanos y las recurrentes infracciones al DIH en Arauca, con el objetivo de implementar medidas de prevención, protección y atención a la población afectada.
La Defensoría mantiene vigentes las recomendaciones establecidas en las Alertas Tempranas 023-21, 011-23 y 019-23, así como sus respectivos informes de seguimiento, solicitando a las autoridades una mayor presencia institucional y acciones concretas para mitigar el conflicto armado en el departamento.
En medio de una compleja situación de orden público en Colombia, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa han decidido desmantelar cinco Fuerzas de Tarea Conjunta, unidades clave en la lucha contra grupos armados en regiones de conflicto.
La decisión, divulgada por un documento reservado, ha generado inquietud tanto en las Fuerzas Militares como en la opinión pública, ante la posibilidad de una disminución en la efectividad de la seguridad en estas áreas.
Las Fuerzas de Tarea Conjunta, integradas por el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Armada, han sido fundamentales en operaciones de seguridad y coordinación en zonas de alto riesgo, permitiendo acciones estratégicas contra organizaciones ilegales. Su eliminación significa la pérdida de un modelo operativo que, durante años, ha dado resultados importantes en departamentos como Meta, Caquetá, Guaviare, Chocó, Nariño, Bolívar y Arauca.
Entre las unidades disueltas se encuentran la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en el suroriente del país; Titán, en Chocó; Hércules, en Nariño; Marte, en el sur de Bolívar, y Quirón, en Arauca. Cada una de estas unidades ha jugado un rol crucial en la protección de comunidades vulnerables, al combatir la presencia de grupos armados ilegales en zonas estratégicas.
La medida ha despertado cuestionamientos entre expertos en seguridad y militares en retiro, quienes advierten que esta decisión podría debilitar las capacidades de respuesta del Estado en un momento crítico para el país. La creciente presencia de grupos armados ilegales ha generado temores sobre la expansión de estas organizaciones, lo que podría afectar a las comunidades en áreas históricamente dependientes de la protección militar.
Aún no se han definido alternativas operativas para reemplazar las funciones de estas Fuerzas de Tarea Conjunta. Sectores de seguridad y organizaciones sociales insisten en que el Ministerio de Defensa explique cómo planea mantener la estabilidad en estas regiones, particularmente ante los desafíos actuales de orden público y la expansión de grupos ilegales.
