Insistió en la necesidad de contar permanentemente con la presencia en Cravo Norte de la Policía de Infancia y Adolescencia, así como también de Policía Judicial.
En diálogo con Al Aire Noticias, el personero municipal, Yonnys Armando Escobar, ofreció detalles sobre la tragedia que enluta a Cravo Norte, tras el hallazgo sin vida de la menor Gabyela Santana, de nueve años y nacionalidad venezolana. Escobar indicó que, desde que se conoció la desaparición, se activaron los protocolos correspondientes con el acompañamiento de la comunidad, la Policía y los organismos de socorro.
“La articulación fue inmediata. Informamos a la estación de Policía y se convocó un consejo extraordinario de seguridad donde se ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quien aportara información”, señaló Escobar. Agregó que la ciudadanía participó activamente en las labores de búsqueda: “La comunidad se volcó a buscar a la niña. Lastimosamente, la encontramos sin vida”.
El personero explicó que la menor y su familia habían sido objeto de acompañamiento institucional previamente: “Desde la personería municipal logramos en su momento regularizar su estadía en Colombia y la de su mamá y la de sus hermanitos”, indicó.
Durante la entrevista, Escobar advirtió sobre falencias estructurales del municipio para atender este tipo de situaciones. “No tenemos en el municipio policía judicial ni policía de infancia y adolescencia. Necesitamos presencia permanente de estas especialidades para atender a tiempo casos que involucran a nuestros niños”, afirmó.
Sobre las versiones que apuntan a un posible agresor de origen indígena, el personero explicó que se trata de información preliminar: “Esa versión surge de una compañerita de la víctima, quien manifestó que el posible infractor era una persona con rasgos indígenas. Otra menor también lo vio de espaldas con la víctima en brazos”, detalló. No obstante, aclaró que las investigaciones están en curso y que no se puede confirmar aún la identidad del responsable.
En ese contexto, destacó la disposición del cabildo indígena de Cañomochuelo para colaborar con las autoridades. “Emitieron un comunicado en el que expresan que defienden la vida y la integridad de los niños, y que están abiertos a que las autoridades investiguen y busquen al responsable”, dijo Escobar.
Asimismo, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales para que respondan a las reiteradas alertas sobre la situación del municipio. “Cravo Norte y Puerto Rondón siempre son los más olvidados. No se socializan contratos, no llegan proyectos productivos, y eso afecta a las poblaciones más vulnerables. Es hora de que se escuche al municipio”, insistió.
En cuanto a los riesgos que enfrentan los menores, el funcionario expresó su preocupación por la normalización de ciertos peligros. “A veces pensamos que los niños son traviesos, que se fueron a jugar a otra casa, y no actuamos a tiempo. Falta empatía, falta sensibilidad. Eso nos tiene que hacer reflexionar como comunidad”, aseguró.
Finalmente, Escobar reiteró la importancia de un trabajo conjunto entre entidades para garantizar entornos seguros. “Aquí pasan cosas graves en los resguardos indígenas: drogadicción, maltrato, violencia sexual. Y todo eso sigue ocurriendo porque no hay articulación. Necesitamos coordinar competencias y actuar en defensa de los derechos de estas comunidades”, concluyó.
