La intensificación del conflicto armado en Arauca ha provocado el confinamiento y desplazamiento de comunidades en veredas rurales. Las personerías locales, con apoyo limitado, hacen llamados urgentes al respeto del Derecho Internacional Humanitario y solicitan una respuesta humanitaria efectiva que permita atender a las familias afectadas.
La Defensoría del Pueblo condenó el secuestro de funcionarios en Arauca por parte del ELN, al señalar que constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. La entidad exige su liberación inmediata y sin condiciones, e insta al Gobierno y a organismos internacionales a redoblar esfuerzos diplomáticos y humanitarios.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advierte que Colombia atraviesa una de las peores crisis humanitarias de la última década. Entre enero y mayo de 2025, se han intensificado los enfrentamientos armados, afectando gravemente a la población civil en el departamento de Arauca.
En Puerto Jordán, Arauca, tropas del Ejército Nacional fueron hostigadas por el ELN desde zonas urbanas. Se denunció el uso de civiles como escudos humanos, incluyendo menores de edad. El hecho será reportado como infracción al Derecho Internacional Humanitario.
El reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales continúa en distintas regiones de Colombia. Entre enero y abril se documentaron 21 casos, aunque se reconoce un subregistro por miedo, estigmatización y ausencia de garantías. El fenómeno representa una grave vulneración de derechos y requiere respuestas integrales.
La situación humanitaria en el departamento de Arauca sigue siendo crítica. El pasado jueves, la Defensoría del Pueblo, en articulación con la Iglesia Católica, confirmó la liberación de John Alexander Suárez, un ciudadano que había sido secuestrado el pasado 6 de marzo por el grupo guerrillero ELN en el casco urbano del municipio de Arauquita.
La entrega del ciudadano se realizó mediante una comisión humanitaria, integrada por ambas instituciones, y representa un alivio para su familia y comunidad. Sin embargo, la Defensoría advirtió que más de 17 personas continúan privadas de la libertad en manos de grupos armados ilegales en...
Entre esta población, un número considerable de niñas y niños son los más perjudicados por la falta de condiciones dignas.
En Yopal, la capital del departamento de Casanare, ha aumentado nuevamente la presencia de población indígena que se ha visto forzada a vivir en parques y calles, lo que representa una seria vulneración de sus derechos humanos y genera inquietudes en la comunidad local.
Los estudios indican que estos desplazamientos provienen principalmente del departamento de Arauca, específicamente de los resguardos indígenas Cusay La Colorada y El Vigía, ubicados en los municipios de Fortul y Arauquita. Esta situación se agrava debido...