La Defensoría del Pueblo pidió la liberación inmediata e incondicional de varios funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional que permanecen secuestrados por el ELN en el departamento de Arauca. La entidad advirtió que este hecho constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un crimen de guerra tipificado como toma de rehenes.
La entidad expresó su rechazo al anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de someter a las personas retenidas a un “juicio revolucionario”, y recordó que esta práctica es contraria al marco jurídico nacional e internacional.
Según la Defensoría, la privación prolongada de la libertad, en este contexto, se configura como secuestro, y en términos del derecho penal internacional se considera crimen de guerra por toma de rehenes. Este tipo de delito se agrava por involucrar a civiles y condicionar su libertad a acciones políticas o militares.
La Defensoría enfatizó que los funcionarios secuestrados son civiles, ya que, aunque prestan funciones de seguridad y justicia, no forman parte de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Asimismo, señaló que condicionar su liberación a un “canje humanitario” contraviene normas internacionales que exigen la liberación inmediata y sin condiciones de personas privadas de la libertad en este contexto.
El secuestro, según la entidad, vulnera múltiples instrumentos internacionales:
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El artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, que establece los principios de distinción y humanidad.
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La norma 96 del DIH consuetudinario.
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La Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979, adoptada por Colombia mediante la Ley 837 de 2003.
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El artículo 8.c.iii del Estatuto de Roma, que describe los elementos que configuran el crimen de guerra por toma de rehenes.
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Fiscalía rechaza “canje” de funcionarios secuestrados por el ELN ➜Entre estos elementos se encuentran la retención de personas civiles con fines coercitivos, amenazas contra su vida o integridad, y la intención de influir en decisiones de Estados, organizaciones o personas mediante su captura.
La Defensoría recordó que el principio de humanidad es inderogable y obligatorio para todas las partes en conflicto, incluyendo los grupos armados no estatales. En ese sentido, ningún actor puede justificar la violación de normas internacionales bajo argumentos políticos, ideológicos o militares.
Finalmente, la entidad instó al Gobierno Nacional, al Consejero Comisionado de Paz y a los organismos internacionales a intensificar los esfuerzos humanitarios y diplomáticos para lograr una pronta y segura liberación de las personas retenidas, en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
La Defensoría del Pueblo reiteró su exigencia de liberación inmediata e incondicional de los funcionarios secuestrados y pidió el cese absoluto de amenazas, tratos degradantes o juicios ilegales por parte del ELN.
