Entre enero y abril del presente año, la Defensoría del Pueblo ha identificado 21 casos de reclutamiento forzado de menores. No obstante, las cifras oficiales no reflejan la totalidad del fenómeno, debido al alto subregistro asociado a múltiples factores estructurales.
Entre las principales causas de este subregistro se encuentran el miedo a represalias, la ausencia de garantías para la denuncia, la estigmatización, las barreras territoriales y las limitaciones institucionales en zonas de alta conflictividad.
Para el caso de Arauca, según la Defensoría del Pueblo en el año 2024 se registraron 11 casos de reclutamiento de menores, cifra que podría ser superior ante la falta de denuncia por parte de los familiares.
Según la Defensoría, desde las entidades encargadas del seguimiento a este fenómeno, se insiste en que el problema no puede abordarse exclusivamente desde lo estadístico, ya que cada caso representa una afectación profunda al proyecto de vida de un menor, el desarraigo de su entorno familiar y comunitario, así como su exposición a formas extremas de violencia y control por parte de actores armados.
“Las instituciones reiteran su compromiso con el seguimiento constante de esta problemática, el acompañamiento a las comunidades afectadas y la exigencia de respuestas integrales que garanticen los derechos de la niñez y adolescencia en todas las regiones del país”, explicó la entidad.
Para este año, cinco casos serían responsabilidad del Estado Mayor Central, cinco de las disidencias sin especificar, cinco del ELN, dos de la Segunda Marquetalia, dos del Ejército Gaitanista de Colombia, uno del Estado Mayor de los Bloques y Frentes y uno sin especificar.
El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las expresiones más graves del conflicto armado, y su atención requiere acciones coordinadas que aseguren protección efectiva, prevención y restitución de derechos en el marco del respeto al Derecho Internacional Humanitario.
