El coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, oficial activo del Ejército Nacional, fue capturado en el Cantón Norte de Bogotá en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación. La diligencia hace parte de una investigación que busca establecer sus presuntos vínculos con organizaciones armadas ilegales y posibles actividades relacionadas con narcotráfico y terrorismo.
De acuerdo con la información conocida, la investigación se originó a partir de labores de contrainteligencia que habrían identificado, de manera preliminar, posibles contactos del oficial con integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN, con presencia en Arauca, y con estructuras asociadas a las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia en el departamento de Nariño.
El coronel había sido trasladado de Tumaco a Bogotá, donde permanecía bajo seguimiento por parte de los organismos de contrainteligencia debido a la información recopilada durante la investigación. Las autoridades manejan como hipótesis que los presuntos vínculos se habrían presentado en distintos periodos. Uno correspondería a los años 2024 y 2025, mientras que otro estaría relacionado con hechos ocurridos entre 2019 y 2020.
Dentro de las líneas de investigación también se busca determinar si el oficial habría recibido, presuntamente, recursos económicos provenientes de estas organizaciones ilegales a cambio de actuaciones que favorecieran sus intereses. No obstante, estos señalamientos hacen parte del proceso investigativo y deberán ser esclarecidos por las autoridades judiciales en las diferentes audiencias.
Tras la captura, Carlos Didier Pérez Amorocho quedó a disposición de las autoridades competentes. De acuerdo con la orden judicial, deberá responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Mediante un comunicado citado por Blu Radio, el Comando del Ejército Nacional confirmó que la diligencia se adelantó contra un oficial superior activo y señaló que la institución brindó todas las garantías necesarias para el cumplimiento de la orden judicial.
Asimismo, el Ejército manifestó que respeta el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que manifestó su disposición de colaborar con las autoridades judiciales en el esclarecimiento de los hechos.
La situación jurídica del oficial será definida por la Fiscalía y los jueces que adelantan el proceso, quienes deberán establecer el alcance de las acusaciones y determinar su eventual responsabilidad.
