El Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá emitió sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras hallarlo, en primera instancia. El polémico fallo incluye 12 años de prisión, una elevada multa económica e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
En un extenso fallo de más de 1100 páginas, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá dictó sentencia condenatoria contra Álvaro Uribe Vélez por su participación en delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La jueza a cargo, Sandra Heredia, estableció que los hechos vulneraron gravemente el principio de imparcialidad judicial y ameritan una sanción ejemplar.
Según la resolución judicial, Uribe fue absuelto de algunos cargos, como el soborno en el caso la exfiscal Hilda Niño Farfán y el fraude procesal relacionado con el caso relacionado con el exparamilitar Harlington Mosquera. Sin embargo, fue condenado por su participación como determinador en otros eventos judiciales clave.
“Se profiere la sentencia de carácter condenatorio… en contra de Álvaro Uribe Vélez, como determinador de los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo con soborno en actuación penal”, expresó la jueza durante la audiencia pública de más de 5 horas.
El fallo determina las siguientes penas:
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144 meses de prisión (12 años)
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Multa de 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes
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Inhabilitación para ejercer funciones públicas por 100 meses y 20 días.
La jueza concedió el beneficio de prisión domiciliaria en su residencia en Rionegro, Antioquia, bajo lo previsto en el artículo 38B del Código Penal. Entre los argumentos presentados, se destaca el arraigo familiar del condenado y su comportamiento procesal.
“No es una regla imponer la privación de la libertad de manera irrestricta… el juez debe valorar si existen circunstancias que hagan necesaria la captura inmediata”, se citó de forma textual de una sentencia previa de la Corte Constitucional.
A pesar de esa consideración, el juzgado concluyó que la gravedad del caso amerita una ejecución inmediata de la sanción, por lo que se ordenó que Uribe inicie el cumplimiento de la pena bajo vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
“Permitir que continúe en el ejercicio de su libre locomoción… concedería la idea errada de que la igualdad ante la ley no preexiste en el ordenamiento”, afirmó el despacho judicial.
La defensa de Álvaro Uribe anunció su intención de apelar la sentencia, cuestionando la forma en que se dio lectura al fallo y alegando una posible vulneración al principio de publicidad. Mientras tanto, el expresidente deberá permanecer en su residencia bajo vigilancia, a la espera de que el proceso avance en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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