La Defensoría del Pueblo en Arauca presentó en Al Aire Noticias los hallazgos de la Alerta Temprana 014 de 2025, un documento que expone con detalle la persistencia de múltiples factores de riesgo para la población civil en el marco del conflicto armado que continúa degradándose en el territorio.
La defensora del pueblo en Arauca, Grace Marcela Serrato Salazar, indicó que se busca prevenir que los riesgos advertidos se materialicen mediante acciones articuladas entre autoridades. “La Defensoría del Pueblo ha venido trabajando para advertir y generar acciones de prevención frente a los riesgos que se vienen dando por la continuidad del conflicto armado en el departamento de Arauca”, explicó.
Homicidios contra líderes y defensoras de derechos humanos: 89 víctimas en menos de dos años
Uno de los focos del informe es la violencia selectiva contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y mujeres. Según la funcionaria, “el año pasado (2024) tuvimos 19 homicidios y este año ya llevamos cinco personas asesinadas que defendían algún derecho en el departamento”. A esto se suma el reciente asesinato de cinco mujeres, cuyas historias no pueden ser ignoradas, según indicó.
“Detrás de estas mujeres hay una historia, una familia. Deberíamos tenerlas en cuenta para protegerlas”, enfatizó Serrato.
Desapariciones y secuestros: más de 150 casos sin esclarecer desde 2022
En cuanto a desapariciones forzadas, la Defensoría estima que en lo corrido del año se han registrado alrededor de 150 casos, de los cuales 60 personas siguen sin ser localizadas. “No sabemos si siguen vivas, si están muertas, qué pasó con ellas. No tenemos ninguna información”, afirmó Serrato.
A pesar de una leve reducción en los homicidios comparado con el año anterior, el departamento mantiene una tasa de violencia superior al promedio nacional, especialmente en municipios como Tame. “Arauca sigue teniendo una tasa alta de homicidios comparada con la nacional por el número de población”, señaló.
Niños y adolescentes: víctimas invisibles del conflicto armado
Uno de los temas más graves es el reclutamiento forzado y utilización de menores de edad. La Defensora explicó que muchos han sido reportados como muertos en enfrentamientos armados. “No podemos decir que son combatientes porque, en el marco de la ley, son víctimas del conflicto armado”, sostuvo.
La mayoría de los casos afectan a niños y niñas indígenas o venezolanos, lo cual, según Serrato, se relaciona con condiciones de vulnerabilidad y exclusión. “Muchos de ellos no tienen acceso a derechos económicos, sociales y culturales, ni siquiera al derecho a la alimentación, que es lo mínimo”, advirtió.
Libertad de prensa bajo amenaza: 56 agresiones a periodistas en dos años
La alerta también documenta graves riesgos para periodistas. La Defensoría registró 45 agresiones en 2024 y 11 en lo que va de 2025, incluyendo amenazas provenientes tanto del ELN como de disidencias de las FARC.
“Muchos nos han manifestado amenazas por las publicaciones que hacen sobre panfletos o comunicados de grupos armados. Eso coarta el derecho a la libre expresión y a la libertad de prensa”, indicó Serrato.
“Era necesario documentarlo, a pesar de que todos lo conocemos en el departamento”, agregó.
Respuesta estatal: lenta, fragmentada y condicionada por la agenda política
Aunque se reconoce que el Ministerio del Interior ha propuesto una matriz de seguimiento, la Defensoría advierte sobre la insuficiente respuesta estatal en alertas anteriores. Estos cambios políticos de ministros, muchas veces de directores, hacen que muchos de los procesos se interrumpan”, señaló.
La funcionaria insistió en que los derechos humanos no deben depender de ciclos políticos. “Los derechos humanos no pueden estar supeditados a una agenda política. Tienen que ser una política de Estado, a largo plazo, que no dependa de los cambios institucionales”, subrayó.
¿Qué sigue tras la alerta? Comités de seguimiento y exigencia de articulación
Tras la publicación de la alerta, se espera la sesión de la CIPRAT, liderada por el Ministerio del Interior, donde las entidades deberán exponer qué acciones tomarán.
La CIPRAT (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas) es un mecanismo encargado de coordinar y supervisar la actuación institucional frente a las advertencias emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos. Su labor se centra en promover acciones preventivas y respuestas oportunas que garanticen la protección de las comunidades en riesgo.
“Tienen que manifestar qué acciones van a adelantar frente a cada una de las recomendaciones”, dijo la defensora, quien reiteró que “la idea es que haya una articulación, que se revisen las causas que están generando estos riesgos”.
