La temporada de lluvias deja, hasta el momento, 37.362 personas afectadas en el departamento de Arauca, según el informe presentado por la Gobernación de Arauca durante la audiencia pública que se desarrolla en la Asamblea Departamental para evaluar la emergencia ocasionada por la ola invernal.
La lamentable cifra fue entregada por el secretario de Gobierno departamental, Santiago Díaz, quien expuso el panorama de las afectaciones registradas en los siete municipios del departamento como consecuencia del desbordamiento de ríos y las inundaciones. Así mismo, se presentó un cronograma que ya está en marcha para atender los requerimientos de la infraestructura deteriorada y la atención prioritaria a los damnificados.
Arauquita es el municipio con el mayor número de personas afectadas, con 9.976 habitantes, seguido por Saravena, donde el reporte oficial registra 8.616 personas impactadas por la emergencia. El consolidado también incluye a Arauca con 7.816 afectados, Tame con 5.968, Fortul con 3.282, Puerto Rondón con 1.641 y Cravo Norte con 63 personas.
Durante la audiencia, Daney Bayona, funcionario de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, informó que la Gobernación de Arauca ha dispuesto más de $30 mil millones para atender la calamidad pública y ejecutar las acciones necesarias frente a la emergencia.
¿Cuál es el plan de acción de la gobernación de Arauca?
Además del balance de afectados, la Gobernación de Arauca presentó el Plan de Acción Específico (PAE), con el que busca atender la emergencia y avanzar en la recuperación del departamento. De acuerdo con el documento oficial, la temporada invernal deja 11.741 familias y 37.362 personas afectadas en los siete municipios, además de cuatro puentes estratégicos con daños que comprometen la conectividad vial del departamento.
La administración departamental informó que ha destinado más de $30.000 millones para la atención de la calamidad pública, recursos que permitirán ejecutar las acciones inmediatas contempladas en el plan. Entre ellas se encuentran el suministro permanente de combustible para la operación de maquinaria amarilla, obras de mitigación mediante enrocados y jarillones, limpieza de cauces, asistencia técnica y trabajos prioritarios en sectores críticos como Saravena y la bocatoma del municipio de Tame.
El documento presentado ante la Asamblea Departamental de Arauca también evidencia que la emergencia ha afectado corredores estratégicos para la movilidad regional y nacional. Entre los puntos más críticos se encuentran el colapso total del puente Caño Negro, en Saravena; la pérdida de acceso del puente sobre el río Tame; el riesgo estructural del puente San Lope y el cierre preventivo del puente sobre el río Tigre, situación que dificulta la conexión entre Arauca y el centro del país, así como la movilidad entre municipios del Piedemonte araucano.
Como parte de la respuesta institucional, la Gobernación reportó la realización de 13 sesiones del Puesto de Mando Unificado (PMU) y dos sesiones del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, espacios desde los cuales se coordina la atención de la emergencia. A ello se suma el trabajo conjunto con la UNGRD, Invías, el Ejército Nacional, ACNUR, el Equipo Local de Coordinación Humanitaria, Save the Children y los organismos de socorro, para fortalecer la asistencia a las comunidades y la recuperación de la infraestructura afectada.
El plan contempla, además, acciones para garantizar los servicios esenciales a la población. Entre ellas se encuentran la instalación de una planta potabilizadora para el municipio de Tame, tras la afectación de la bocatoma, y dos equipos de bombeo de gran capacidad para el casco urbano de Arauca, así como la vigilancia epidemiológica para prevenir enfermedades asociadas a las inundaciones y la entrega continua de kits alimentarios, de higiene y de descanso para las familias damnificadas.
En materia de recuperación económica, la estrategia incluye programas de apoyo al sector agropecuario, con suministro de suplementos alimenticios para animales, recuperación de praderas, cercas y cultivos, entrega de semillas y abonos, además de la gestión de alivios financieros para productores afectados y medidas orientadas a la reactivación del campo. La hoja de ruta también plantea que, una vez superada la fase de atención inmediata, se gestionarán recursos del Gobierno Nacional para ejecutar obras definitivas de infraestructura y adelantar un proceso de reordenamiento territorial que reduzca la vulnerabilidad frente a futuras temporadas de lluvias.
