Durante una audiencia pública en Barranquilla, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó el informe ‘Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia’, en el que se evidencia el deterioro estructural del derecho a la salud en el país.
El estudio, basado en 3.449 encuestas, muestra que los pacientes deben cubrir entre un 7% y un 90% de sus ingresos mensuales para comprar medicamentos no entregados, como Metformina, Valsartán, Insulina Glargina, Quetiapina, Ácido Valproico y Ácido Fólico. Estos tratamientos son esenciales para condiciones crónicas, salud mental y salud materna.
El informe señala que la falta de entrega no distingue entre regímenes de afiliación y afecta de manera más severa a comunidades rurales, étnicas y de baja conectividad. La Defensoría registró, hasta septiembre de 2025, un total de 584 medicamentos no entregados, y en el 48% de los casos analizados, no se ha dado solución.
Frente a esta situación, el 61% de los encuestados indicó que adquiere los medicamentos por su cuenta, lo que genera un impacto económico crítico, especialmente en zonas apartadas.
Entre los medicamentos con más reportes de no entrega se encuentran Metformina, Valsartán y Losartán. Los diez medicamentos más reportados concentran el 25% de las quejas.
Panorama judicial y cifras de tutelas
Entre enero de 2020 y agosto de 2025, se radicaron 1.003.147 tutelas relacionadas con el derecho a la salud, de las cuales el 36,82% en 2025 están vinculadas a la entrega inoportuna de medicamentos. Solo en ese año, este derecho fue el segundo más invocado en el país.
La Defensoría del Pueblo interpuso 18.451 tutelas entre enero y agosto de 2025, el 24% por negación en el suministro de medicamentos esenciales. Quindío, Caldas y Antioquia son los departamentos con más casos reportados.
Indicadores del sistema
La Superintendencia Nacional de Salud ha registrado alrededor de 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600. A su vez, la Defensoría recibió 107.000 quejas entre 2022 y 2025, de las cuales 35.000 fueron radicadas en 2024, lo que representa un aumento del 32% frente al año anterior.
Causas estructurales
Según la Defensoría, el problema se origina en factores financieros, administrativos y logísticos, entre ellos:
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Falta de transparencia de EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
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Retrasos en pagos que afectan la disponibilidad.
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Desplazamiento hacia el canal comercial privado en detrimento del institucional.
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Barreras administrativas y cambios en operadores sin capacidad territorial.
Los territorios con mayor afectación son Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, seguidos por La Guajira, Arauca, Amazonas y otros departamentos periféricos.
Impacto humano y emocional
Los testimonios recogidos en los Puestos de Mando Unificado revelan riesgos para la calidad de vida y salud de los pacientes. También se ha documentado un impacto emocional reflejado en pérdida de confianza en el sistema, frustración y situaciones de tensión con el personal médico.
Recomendaciones de la Defensoría
El informe concluye con una serie de propuestas, entre ellas:
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Promover una reforma estructural al sistema de salud con enfoque territorial y diferencial.
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Crear un tablero nacional de seguimiento al suministro de medicamentos.
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Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y vigilancia institucional.
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Priorizar a las zonas rurales y poblaciones vulnerables en las estrategias de atención.
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Mejorar la gestión judicial y administrativa para descongestionar el sistema y facilitar reembolsos.
