La Sala de Reconocimiento de la JEP abrió la etapa de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas del macrocaso 11 sobre violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y otros crímenes por prejuicio.

A través de este macrocaso, la JEP pone un foco especial en los elementos discriminatorios de estas violencias y en las dinámicas de guerra, que reflejan y multiplican las discriminaciones estructurales que históricamente han afectado a mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

No se trata de un caso que se limita a investigar determinadas conductas o crímenes, sino de una investigación centrada en los motivos y las lógicas de las organizaciones armadas, los cuales se sustentan en relaciones dominantes de género que se reproducen en el conflicto armado a través del uso de las armas y el ejercicio del poder.

Para la apertura de este nuevo macrocaso, la Sala ha tomado en consideración: i) los mandatos que le asisten a la JEP de adoptar un enfoque diferencial e interseccional en la respuesta institucional a las violencias de género; ii) las observaciones, consideraciones y propuestas presentadas por las víctimas, la sociedad civil, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión de Género de esta jurisdicción y, de manera especial, por las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gay, transgénero, queer y no binarias, en torno a la necesidad e importancia de un macrocaso que investigara de manera concentrada y específica estas conductas; y iii) los hallazgos de la fase de agrupación y concentración que se llevó a cabo en virtud del auto SRVR No. 103 de 2022.

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En la fase de agrupación y concentración, la JEP estableció y analizó un universo provisional de hechos a partir de los informes y bases de datos presentados por la sociedad civil y por entidades estatales, en los que se identificaron violencias de género y por prejuicio.

En el marco de la labor de agrupación, se encontró el registro de 35.178 víctimas de todos los actores del conflicto, por hechos de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género y por prejuicio, en hechos ocurridos entre 1957 y 2016.

De ellas, el 89,2 por ciento son mujeres y el 35 por ciento sufrieron las violencias cuando eran niñas, niños y adolescentes. Aunque en el 78 por ciento de los registros no se cuenta con datos sobre la pertenencia étnica de las víctimas, se cuenta con información sobre hechos cometidos contra personas negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, indígenas y del pueblo Rrom.

El análisis de este universo provisional de hechos también permitió establecer que el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 por ciento), seguido por las extintas Farc-EP (5,82 por ciento) y agentes del Estado (3,14 por ciento). En el 30 por ciento de los registros no se identifica el presunto actor armado responsable.

En la fase de concentración se realizó una identificación preliminar que, según los relatos recopilados, pueden configurar patrones distintos a los que están siendo abordados en otros macrocasos, y que, por tanto, ameritan una investigación particular.

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