La persistencia del conflicto armado en el departamento de Arauca ha intensificado la crisis humanitaria en veredas rurales de municipios como Puerto Rondón, Arauquita y Tame, donde se reportan múltiples casos de confinamiento y desplazamiento forzado. Las autoridades locales denuncian limitaciones para atender a la población afectada y hacen un llamado urgente al respeto del Derecho Internacional Humanitario.
En zonas rurales del departamento, el conflicto armado entre grupos ilegales ha generado condiciones críticas para la población civil, que enfrenta restricciones de movilidad, falta de acceso a alimentos y riesgo permanente por los enfrentamientos. Según explicó el personero de Puerto Rondón, Óscar Fernando Vanegas, en diálogo con Al Aire Noticias, existen veredas como Eleperocero, El Maporal y Ripial donde el desplazamiento masivo y el confinamiento son constantes.
“Estamos intentando llevar un censo de las familias confinadas. Hay zonas a las que ni siquiera podemos ingresar por razones de seguridad”, señaló Vanegas, quien también indicó que la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales han hecho presencia parcial, evitando los sectores con mayor confrontación.
El personero explicó que, aunque algunas entidades como la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja han colaborado, “la dinámica del conflicto es muy cambiante y dificulta cualquier planificación humanitaria sostenida”. Esta situación ha llevado a que muchas familias pierdan sus medios de subsistencia, como el transporte de productos agrícolas, lo que limita su capacidad para alimentarse o abastecerse.
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Avanzan trabajos para rehabilitar vías rurales en el corregimiento de Caracol ➜La labor de las personerías municipales, de acuerdo con Vanegas, se centra en ofrecer una respuesta eminentemente humanitaria, desligada de cualquier acción militar. “No nos corresponde llamar a la Fuerza Pública ni promover operaciones armadas. Nuestra obligación es proteger a la población civil y canalizar la ayuda humanitaria”, precisó.
Entre los desafíos más críticos que enfrentan las personerías están la falta de personal y recursos. Las estrategias actuales incluyen la toma masiva de declaraciones, acompañamiento en casos de desplazamiento y coordinación con agencias de cooperación internacional y la Unidad para las Víctimas.
Sobre el terreno, los operativos de ayuda se ven obstaculizados no solo por la inseguridad, sino también por el bloqueo de vías y el riesgo de que campesinos sean señalados por transportar alimentos, lo que agrava el desabastecimiento en las comunidades afectadas.
Frente a esta realidad, Vanegas hizo un llamado directo a los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH), particularmente el principio de distinción que protege a la población civil en contextos de conflicto. “No deben involucrar a la comunidad ni utilizar espacios protegidos como escuelas para actividades militares”, advirtió.
