La Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades territoriales reforzar de manera inmediata las acciones de inspección, vigilancia y control para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes en los establecimientos educativos oficiales y privados del país.
A través de un memorando, el Ministerio Público instó a gobernadores y alcaldes a cumplir de manera efectiva sus competencias para garantizar la protección de los estudiantes frente a hechos de violencia física, mental, psicológica y sexual dentro de las instituciones educativas.
El documento también establece lineamientos dirigidos a los secretarios de Educación y a los responsables de Control Interno Disciplinario de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a estos casos.
Entre las medidas señaladas, la Procuraduría pidió actualizar los protocolos de atención, activar de forma inmediata la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y fortalecer los mecanismos de prevención, protección y sanción. Asimismo, recordó la obligación de garantizar la protección de las víctimas, denunciantes y testigos, evitando cualquier tipo de represalia, estigmatización o revictimización.
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El organismo de control también solicitó a los jefes de Control Interno Disciplinario adelantar con diligencia las investigaciones por presuntos casos de violencia sexual en colegios y remitir oportunamente los expedientes a las autoridades competentes cuando corresponda.
Adicionalmente, requirió a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación reportar, dentro de los ocho días hábiles siguientes, las quejas y denuncias relacionadas con estos hechos que hayan sido registradas entre enero de 2025 y el 30 de junio de 2026.
El memorando fue firmado por la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, la Delegada Disciplinaria de Instrucción 4 para la Vigilancia Administrativa y la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quienes reiteraron la importancia de fortalecer las acciones institucionales para proteger los derechos de los menores de edad en los entornos escolares.
