La Fiscalía General de la Nación imputó a Laura Sarabia tres presuntos delitos dentro de la investigación por la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, quien trabajaba como empleada doméstica de la exfuncionaria. La audiencia comenzó a las 9:30 de la mañana de este lunes 14 de septiembre de 2026.
Durante la diligencia, la fiscal Patricia Hernández formuló cargos contra la excanciller y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) por presunto abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso.
Uno de los señalamientos de la Fiscalía está relacionado con la orden que, según la imputación, Sarabia impartió al coronel Carlos Feria para que se practicara una prueba de polígrafo a Meza. El procedimiento ocurrió después del hurto reportado en la residencia de quien para ese momento se desempeñaba como jefa del despacho presidencial.
Para el ente investigador, el procedimiento empleado tenía finalidades institucionales específicas y no debía ser utilizado para esclarecer un hecho ocurrido en el ámbito privado de una funcionaria.
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“El protocolo entonces no podía extenderse a una empleada particular, máxime cuando tenía un propósito completamente distinto al institucional. Usted, doctora Sarabia, al direccionar al coronel Carlos Feria, abusó de su cargo porque realizó una función diversa realmente le correspondía”, manifestó la Fiscalía durante la audiencia.
De acuerdo con la imputación, Sarabia habría excedido las competencias asociadas a su cargo al recurrir a procedimientos y recursos estatales para atender un asunto de carácter personal. La Fiscalía señaló que las atribuciones ejercidas en este caso correspondían a otros funcionarios.
El ente acusador explicó que los protocolos de poligrafía tienen como finalidad apoyar la valoración de credibilidad del personal que desarrolla labores relacionadas con el entorno del presidente de la República. Bajo ese argumento, sostuvo que la prueba no debía extenderse a una empleada particular ni utilizarse para fines diferentes a los institucionales.
La Fiscalía también formuló a Sarabia el presunto delito de constreñimiento ilegal. Este cargo se fundamenta, según la imputación, en la relación de poder existente entre la entonces funcionaria y Marelbys Meza.
El organismo investigador señaló que esa relación estaba determinada tanto por la posición que Sarabia ocupaba en el Gobierno como por su condición de empleadora. La Fiscalía indicó que Meza dependía económicamente del salario que recibía por su trabajo, circunstancia que habría generado una situación de desigualdad frente a la entonces funcionaria.
A estos señalamientos se sumó la imputación por el presunto delito de peculado por uso, con lo que son tres las conductas que la Fiscalía atribuyó a Sarabia dentro de este proceso.
