Uno de cada dos jóvenes que termina la educación media en Colombia no ingresa de inmediato a la educación superior, pese al aumento de la matrícula registrado entre 2021 y 2025. La Contraloría General de la República señaló que el sistema también enfrenta dificultades relacionadas con la permanencia estudiantil, la calidad académica, la distribución de los recursos y la sostenibilidad financiera de las instituciones públicas.
El análisis, presentado por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, indica que la matrícula pasó de 2,44 millones de estudiantes en 2021 a 2,72 millones en 2025. Sin embargo, este crecimiento no ha permitido garantizar que los egresados de la educación media accedan oportunamente a programas técnicos, tecnológicos o universitarios.
La cobertura del sistema colombiano continúa por debajo de los referentes internacionales. Según el informe, el país se encuentra 21,1 puntos porcentuales por debajo del promedio de las naciones que integran la OCDE, situación que plantea la necesidad de fortalecer las estrategias de acceso y permanencia.
Matrícula pública gana participación en Colombia
La composición de la matrícula también presentó cambios durante el periodo analizado. En 2021, las instituciones oficiales concentraban el 54,49 % de los estudiantes, mientras que el sector privado tenía una participación del 45,5 %.
Para 2025, la participación del sector público aumentó al 56,7 % y la del sector privado disminuyó al 43,3 %. Esta variación representa una mayor presión sobre las instituciones oficiales, que deben atender una demanda creciente mientras enfrentan restricciones fiscales y limitaciones de capacidad.
La Contraloría advirtió que el aumento de los cupos debe estar acompañado por condiciones que permitan a los estudiantes continuar y finalizar sus estudios. Entre 2021 y 2025, el número de graduados aumentó 6,29 %, al pasar de 524.983 a 557.999.
No obstante, durante 2023 la tasa nacional de deserción llegó al 8,97 %. El porcentaje fue mayor en la educación técnica profesional, con 17,18 %, seguido del nivel tecnológico, con 13,62 %, y el universitario, con 7,82 %.
Resultados académicos muestran desafíos de calidad y equidad
El organismo de control también examinó los resultados de las pruebas de Estado. Entre 2021 y 2025, el puntaje promedio nacional de Saber Pro correspondió al 48,5 % del máximo posible, mientras que en Saber TyT alcanzó el 45,9 %.
El documento identificó además diferencias entre hombres y mujeres. En promedio, los hombres obtuvieron 4,63 puntos más en Saber Pro y 1,42 puntos más en Saber TyT durante el periodo analizado.
Para la Contraloría, el incremento de la cobertura debe desarrollarse junto con medidas que mejoren la calidad de la formación y reduzcan las brechas existentes dentro del sistema educativo.
Universidades públicas mantienen dependencia de transferencias
Los ingresos de las universidades públicas pasaron de $7,9 billones en 2019 a $14,2 billones en 2024, lo que representa un crecimiento promedio anual del 13 % en términos corrientes.
Pese a este incremento, cerca del 50 % de los recursos procede de transferencias de la Nación y alrededor del 37 % corresponde a ingresos propios. Esta composición refleja la dependencia fiscal y las limitaciones de autofinanciación de las instituciones.
La distribución de los recursos también presenta diferencias. La Universidad Nacional, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, que representan el 12 % de las universidades públicas, concentran el 48 % de los ingresos nacionales y el 37 % de los territoriales.
Las transferencias nacionales por estudiante tienen un promedio de $4.512.090. Sin embargo, oscilan entre $525.777 por estudiante en la UNAD y $11.426.139 en la Universidad Nacional, de acuerdo con el análisis.
Pasivo pensional y reforma a la Ley 30 aumentan la presión fiscal
En 2024, el pasivo pensional de las universidades públicas llegó aproximadamente a $10,3 billones, equivalentes al 79,7 % de sus pasivos. La Universidad Nacional registra $4,5 billones y la Universidad del Valle $1,4 billones, por lo que ambas concentran el 57,8 % del saldo total.
Esta obligación puede reducir la disponibilidad de recursos para docencia, investigación, extensión e infraestructura.
A esta situación se suma el posible impacto de la reforma a la Ley 30 de 1992. La Contraloría estimó que su implementación tendría un costo de $27,8 billones entre 2027 y 2036, equivalente a cerca de $2,7 billones por año.
El organismo indicó que este escenario requiere fuentes de financiación claras y sostenibles para evitar nuevas presiones sobre las finanzas públicas.
Entre el segundo semestre de 2022 y el primero de 2026, el control fiscal a universidades públicas, el Icetex, el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior y otras entidades permitió identificar 130 hallazgos fiscales por $176.753 millones. Cerca del 82 % de esa cuantía corresponde al componente contractual, el 7,7 % al contable y el 6,6 % a infraestructura educativa.
El informe concluye que los próximos años estarán marcados por tres retos centrales: mejorar el acceso y la permanencia, fortalecer la calidad y la equidad, y garantizar una financiación sostenible. El crecimiento de la educación superior, según el análisis, deberá traducirse en mayores oportunidades y mejores resultados para los estudiantes.
