La Contraloría General de la República advirtió que se necesitarían más de $4,2 billones adicionales para atender el pago de las pensiones durante 2026, debido a un desbalance entre los recursos presupuestados y el incremento de las obligaciones pensionales.
Según el análisis realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, el presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para este año contempló gastos por $75,58 billones, de los cuales $72,80 billones fueron destinados al pago de pensiones y jubilaciones.
La financiación de estas obligaciones tenía prevista una participación del 44,6 % en aportes de la Nación. Sin embargo, el organismo de control identificó una diferencia entre las condiciones consideradas durante la programación presupuestal y las que finalmente se presentaron.
De acuerdo con la Contraloría, uno de los factores que originó el desbalance fue el incremento efectivo del salario mínimo del 23 %, frente al supuesto de crecimiento cercano al 7,5 % utilizado para elaborar el presupuesto. Esta diferencia elevó las obligaciones que deben atender los fondos pensionales durante la vigencia.
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El análisis señala además que en el presupuesto se contemplaban $33,7 billones en aportes de la Nación, mientras que la ejecución reportada alcanza igualmente los $33,7 billones.
Esto significa que, en caso de que esos recursos ya hayan sido efectivamente girados, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de las transferencias nacionales previstas inicialmente para 2026.
Pese a esa ejecución, el aumento no contemplado de las obligaciones pensionales podría hacer necesaria una asignación adicional de recursos por parte del Gobierno nacional para garantizar las mesadas comprometidas.
Ante este escenario, la Contraloría General de la República pidió al Gobierno nacional prever y disponer los recursos necesarios para atender las obligaciones pensionales, teniendo en cuenta que el faltante estimado supera los $4,2 billones.
El organismo de control señaló que la disponibilidad de esos recursos será necesaria para asegurar el cumplimiento de los pagos previstos durante la vigencia de 2026.
