Un estudio de la Contraloría General de la República revela que el acceso al crédito para los pequeños productores agropecuarios continúa siendo reducido, a pesar de representar la mayoría de las operaciones. La concentración de recursos en grandes productores y diversos obstáculos estructurales impiden una distribución equitativa del financiamiento.
La Contraloría General presentó el informe “Financiación y Crédito para el Sector Agropecuario 2014-2023”, en el que se evidencia que solo el 15% de los $249 billones colocados en créditos agropecuarios fue destinado a pequeños y medianos productores, mientras que el 68% benefició a grandes productores.
Durante ese periodo, los pequeños productores participaron en el 86% de las transacciones crediticias, con un monto promedio por crédito de $10,5 millones, lo que limita su capacidad de inversión en productividad y restringe el uso del financiamiento a capital de trabajo.
El estudio identificó diversos cuellos de botella que obstaculizan el acceso al crédito, entre ellos, la informalidad en la tenencia de tierras, el desconocimiento de subsidios estatales, la falta de cobertura bancaria en zonas rurales, los altos costos financieros y la escasa educación financiera. A esto se suma la ausencia de asistencia técnica para formular y dar seguimiento a proyectos productivos.
También se destacó que los pequeños productores enfrentan barreras adicionales como la falta de acceso a alivios financieros, el bajo apetito de riesgo de las entidades financieras, especialmente del Banco Agrario, y procesos crediticios complejos y demorados. Factores como la falta de presencia institucional y el agotamiento de recursos del Presupuesto General agravan la situación.
En contraste, la Contraloría subrayó la importancia de fortalecer líneas de crédito dirigidas a esquemas asociativos y entes territoriales, que permitirían acceder a montos más altos para inversiones de mediano y largo plazo, mejorando la competitividad del sector.
En paralelo, la entidad presentó un informe sobre gestión de riesgos agroclimáticos y adaptación al cambio climático entre 2010 y 2024, destacando que Colombia cuenta con 780 distritos de riego y drenaje, de los cuales 220 no están operando. El país tiene un potencial de 18,3 millones de hectáreas para riego, pero solo 1,1 millones cuentan con infraestructura habilitada.
Se identificó que la mayoría de la producción agropecuaria depende del régimen de lluvias, sin infraestructura adecuada para mitigar sequías e inundaciones. Entre los distritos inoperantes se encuentra ASORIBU en Buga La Grande (Valle del Cauca).
Asimismo, tres proyectos de riego de gran escala permanecen inconclusos desde hace más de 15 años: Triángulo del Tolima (Tolima), Ranchería (La Guajira) y Tesalia – Paicol (Huila). A esto se suman recursos de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT) que, según la plataforma Mapa Inversiones, no cuentan con asignación presupuestal para 2024.
El estudio concluyó que la falta de articulación interinstitucional impide el desarrollo territorial y la resiliencia climática en la región, lo que acentúa las brechas sociales, económicas y ambientales, sin respuestas estructurales efectivas por parte del Estado.
