El pasado 7 de junio, el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. El autor material, un menor de edad, fue capturado tras el ataque y su testimonio ha sido determinante para avanzar en la investigación.
“A mí me iban a matar en esa vuelta”, afirmó el joven sicario, Juan Sebastián Rodríguez Casallas, ante las autoridades, al revelar que fue contratado por el “patrón del barrio” y jefe de una estructura criminal conocida como “la olla”. Según su relato, le ofrecieron 20 millones de pesos por ejecutar el crimen, sin conocer inicialmente la identidad del objetivo.
El testimonio fue recogido en dos sesiones, la primera de ellas en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Colombia, donde el joven fue ingresado tras resultar herido durante su captura. En sus declaraciones, señaló que fue utilizado como instrumento por parte de una red criminal, que supuestamente planeaba eliminarlo tras cumplir con el encargo.
El menor afirmó que nunca recibió el dinero prometido y que fue abandonado en medio de la balacera. Su colaboración ha sido crucial para identificar a los responsables del atentado, incluyendo a quienes lo movilizaron, lo instruyeron y participaron en el operativo desde las cercanías.
La Fiscalía General y el ICBF han tomado medidas de protección, tanto para el joven como para su abuela, quien ha sido su único sostén familiar tras la muerte de su madre y el abandono de su padre. Como parte de esta protección, se consideró su internamiento preventivo en el búnker de la Fiscalía y la posible reubicación de sus familiares.
Durante la diligencia judicial, el menor proporcionó información detallada sobre la estructura criminal: nombres, apodos, ubicaciones y dinámicas internas. También identificó a los ocupantes de un vehículo gris en el que se movilizó y al conductor, quien ya fue judicializado.
El joven Juan Sebastián Rodríguez Casallas reconoció que fue entrenado en manejo de armas y describió cómo ejecutó el ataque, apoyando la pistola Glock 9 mm en su brazo como soporte. Aseguró que en el momento del atentado actuó bajo una fuerte descarga de adrenalina y que solo notó su herida al ver la sangre en su pierna.
Según los investigadores, el menor llegó a Modelia con cuatro horas de antelación. Durante ese tiempo, fue visto merodeando el parque y comunicándose por celular. En un momento, pidió una transferencia por Nequi para comprar un helado, lo que coincide con los registros de la Fiscalía.
Antes de disparar, abordó a una mujer del público para preguntar quién era la persona que hablaba en el mitin. Al recibir la respuesta, confirmó que era Miguel Uribe Turbay y procedió a disparar. La mujer se presentó voluntariamente ante las autoridades y su versión coincide con la del atacante.
El presidente Gustavo Petro comentó sobre el caso, afirmando que el joven es la clave para llegar al autor intelectual y ordenó reforzar su seguridad tras ser golpeado durante la captura.
SEMANA también reveló que el joven ha sido parte de programas del ICBF desde los ocho años, tras sufrir violencia intrafamiliar. Además, fue vinculado al programa gubernamental “Jóvenes en Paz”.
El atentado provocó cuestionamientos sobre la protección brindada al precandidato. Según declaraciones ante la Fiscalía, el equipo de Uribe Turbay había solicitado en múltiples ocasiones refuerzo en su esquema de seguridad sin recibir respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Desiree Barbosa, miembro de su equipo, aseguró que no hubo apoyo policial el día del mitin. Lina Trujillo, secretaria privada, aportó evidencia de más de 50 correos enviados a la UNP solicitando mayor protección, sin resultado. También se reveló que el hijo del precandidato fue grabado desde la calle por desconocidos, hecho confirmado por el jardín infantil donde estudia.
El ataque contra Miguel Uribe Turbay todavía tiene muchos interrogantes que se han ido resolviendo en tiempo récord, pero dejó al descubierto fallas en la seguridad estatal y una red criminal estructurada que sigue bajo investigación. Las autoridades continúan desarrollando audiencias y diligencias para esclarecer todos los responsables y llegar hasta las personas que “ordenaron” y contrataron a los criminales.
