La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra emitió un pronunciamiento público en respuesta a las declaraciones del alcalde de Arauca, Juan Quenza, sobre la presunta obstrucción a operativos de control en colegios. La organización aseguró que sus acciones son legítimas y buscan proteger los derechos fundamentales de los menores.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra respondió a los señalamientos hechos por el alcalde de Arauca, Juan Quenza, quien afirmó que las intervenciones de la Fundación impiden el ingreso de las autoridades a los colegios para enfrentar el consumo y expendio de sustancias psicoactivas.
“En casi todos los colegios queremos actuar, pero cada vez que intentamos hacerlo llegan solicitudes de una fundación de derechos humanos de Saravena, la Fundación Joel Sierra, a través de la Defensoría del Pueblo. Esto nos impide realizar el trabajo con las autoridades, como la Policía, el Ejército y la Armada, y no nos permite ingresar con los caninos para evitar que nuestros niños sigan en gran riesgo”, esto fue lo dicho por el Alcalde.
El pronunciamiento de la Fundación recalca que su labor se fundamenta en la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el marco de las decisiones judiciales vigentes. La organización explicó que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-005 de 2024, ordenó a las entidades estatales evitar cualquier acción que comprometa los derechos de los menores, incluyendo la prohibición de participación de los NNA en el conflicto armado.
La Fundación enfatizó que las medidas de protección no son caprichosas, sino que buscan garantizar la seguridad e integridad de los menores.
“El riesgo de ataques o represalias para los NNA que participan en estas jornadas de acción integral en zonas de conflicto armado era muy alto y amenazaban los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la prohibición de participar en el conflicto armado”, sostuvo la organización.
Además, la Fundación reiteró su llamado a las autoridades a cesar la estigmatización y la persecución hacia defensores de derechos humanos y sus organizaciones.
“No está bien que se utilicen estas declaraciones como elemento distractor para desviar la atención sobre la gestión pública y la administración municipal”, señalaron en el comunicado.
Por último, la Fundación Joel Sierra reafirmó que sus actividades son legales y legítimas, y que seguirán velando por la protección de los derechos fundamentales de la población en el territorio.
