Un grupo de 70 familias del municipio de Arauca, beneficiarias de un proyecto de vivienda financiado con recursos de regalías, enfrenta incertidumbre debido al incumplimiento del contrato firmado en 2022.
El proyecto de vivienda, contratado en febrero de 2022 con un plazo de ejecución de siete meses, no ha sido finalizado a la fecha. Así lo denunció Sandra Sacristán, una de las beneficiarias, quien explicó que aunque los lotes fueron intervenidos, “no se puede entrar ni disponer de ellos porque las casas no están terminadas y no se ha legalizado la escrituración”.
De las tres manzanas involucradas en el proyecto, algunos terrenos fueron nivelados, mientras que otros permanecen sin avances significativos. Según Sacristán, la obra se encuentra detenida y el deterioro progresivo de lo ya construido genera preocupación entre las familias, quienes sienten que “es como si no tuviéramos nada”.
El proyecto fue financiado con recursos de regalías a través de la Gobernación de Arauca, y los beneficiarios pertenecen únicamente al municipio capital. En cuanto al avance de la obra, la líder comunitaria afirmó que el contratista inicial dejó un avance del 10% y fue reemplazado por otro representante legal que logró llevar el proyecto al 40%. Sin embargo, el deterioro ha hecho que el progreso efectivo hoy sea del 39%.
Te puede interesar:
Todo listo para el Festival Luciérnaga 2025 ➜“Hoy estamos en un proceso de incumplimiento que podría llevar a que la aseguradora responda, ya sea finalizando la obra o devolviendo los recursos”, señaló Sacristán durante una reunión con diputados en la Asamblea Departamental.
Por su parte, Jairo Celi, representante legal del Consorcio Viviendas Playitas 2022, indicó que la raíz del problema está en la estructuración inicial del proyecto. “Se ocultó la carga tributaria en el presupuesto de administración del contrato, lo que generó un desbalance económico de más de 600 millones de pesos”, afirmó.
Celi explicó que el consorcio ha enfrentado descuentos de hasta 300 millones de pesos en pagos parciales y que la Gobernación exige que el contratista asuma estos costos, lo cual considera inviable. “He solicitado formalmente respuestas, pero no hemos recibido claridad. Ni ellos saben qué hacer ni nosotros tampoco”, expresó.
El contratista hizo un llamado al gobierno departamental para buscar una solución que permita la continuidad del proyecto y evite un eventual litigio que podría prolongarse por años. Según indicó, una posible salida sería modificar el proyecto ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y solicitar una adición de recursos al Sistema General de Regalías.
