En una audiencia ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, solicitó cumplir en su residencia la condena de 15 años de prisión que la Fiscalía ha pedido en su contra por delitos relacionados con contratación pública. A través de su defensa y en una intervención personal, Castillo aseguró que su deteriorado estado de salud le impide continuar en un centro carcelario.
“He sido diagnosticado con trastorno depresivo mayor, hipertensión arterial, diabetes, tenosinovitis y problemas severos en la columna”, afirmó el exmandatario, quien detalló que desde enero de 2025 fue diagnosticado con una hernia discal y espondilolistesis grado 1, sumado a una estenosis foraminal en las vértebras L3, L4 y L5. Según Castillo, esto requiere “terapia física diaria durante tres meses”, tratamiento que no ha podido recibir estando en reclusión en la cárcel La Picota.
“Estoy privado de la libertad, pero no he podido ser trasladado a las sesiones de terapia ni se ha autorizado el ingreso de profesionales con el equipo médico necesario”, explicó. Agregó que el no acceso a estas atenciones ha provocado “agravamiento progresivo” de su condición. Además, manifestó que desde 2022 ha sufrido parálisis facial en dos ocasiones, asociada a cuadros de ansiedad.
Castillo también habló del impacto de la reclusión en su salud mental: “Tengo un diagnóstico de depresión moderada a severa desde hace más de dos años. He sido valorado por Medicina Legal en dos oportunidades, y ambas han confirmado la necesidad de tratamiento psiquiátrico y psicológico continuo”.
Durante su intervención, pidió a los magistrados considerar su situación familiar: “Tengo un hijo adolescente que cursa grado 11 y una hija que estudia Medicina. Necesitan de mi presencia como padre. Mi hijo está en una etapa clave de su vida y requiere orientación. No he podido acompañarlo ni guiarlo como debería”.
También expresó: “Confío en la justicia de este país. Solo pido que se valore mi estado de salud y la posibilidad de continuar mi tratamiento desde mi hogar en Bogotá”.
En respaldo a esta petición, su abogada, Ederit Piedad Montoya, entregó 66 folios de historia clínica, certificados de arraigo y soporte documental sobre los tratamientos médicos pendientes, así como la disposición de familiares para asumir la manutención y vigilancia del exgobernador en su residencia.
La posición de la Fiscalía
Por su parte, la fiscal Sandra Portilla, Séptima Delegada, pidió a la Corte que niegue la solicitud de prisión domiciliaria, argumentando que no se cumplen los requisitos legales para conceder ese beneficio. Resaltó la gravedad de los delitos cometidos durante la administración de Castillo y los daños ocasionados a la administración pública.
Según la fiscal, Castillo fue declarado responsable de irregularidades en la contratación de los convenios 362 de 2012 y 497 de 2013, que suman más de $97 mil millones. Estos contratos estaban destinados a programas educativos en zonas rurales del departamento de Arauca. “Los beneficiarios eran niños y niñas de instituciones educativas en sectores de difícil acceso, lo que hace aún más grave la conducta”, señaló Portilla.
También mencionó que Castillo recibió $40.350.000 en su cuenta personal, dinero transferido por uno de los contratistas beneficiados, lo que, según la Fiscalía, demuestra la existencia de un entramado de corrupción diseñado para obtener beneficios particulares.
Portilla recordó que Castillo enfrenta otro proceso por hechos similares durante su segundo mandato como gobernador (2020–2023), lo que indicaría “una conducta continuada y dolosa” en la función pública. “No se puede permitir que se reemplace la reclusión intramural, pues se trata de delitos dolosos contra la administración pública”, concluyó.
La Fiscalía solicitó una condena de 178 meses de prisión, 241,66 salarios mínimos de multa y 182 meses de inhabilidad para ejercer funciones públicas.
Decisión pendiente
La Corte Suprema deberá ahora analizar los argumentos presentados por ambas partes. La defensa insiste en que Castillo ha descontado más de 57 meses de pena, incluyendo redención por trabajo intramural, y que su estado de salud requiere atención prioritaria. “No represento un peligro para la sociedad. Quiero seguir cumpliendo mi condena con responsabilidad, pero en condiciones dignas y con acceso al tratamiento que necesito”, expresó el exgobernador.
La Sala anunciará en los próximos días la fecha en la que se dará lectura a la sentencia.
