Durante la audiencia de sentido de fallo realizada ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía solicitó la pena máxima permitida dentro del tercer cuarto punitivo contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración pública.
La audiencia reveló detalles sustanciales sobre el entramado de corrupción alrededor de dos contratos firmados durante su primer mandato como gobernador (2012-2015): el Contrato 362 de 2012 por más de 2.498 millones de pesos y el Contrato 497 de 2013 por 7.312 millones de pesos. Ambos estaban destinados a programas del sector educativo en zonas rurales del departamento de Arauca.
La Fiscalía presentó pruebas de irregularidades sustanciales en la suscripción y ejecución de los contratos, señalando que se diseñaron “pliegos sastre” con el fin de limitar la libre competencia y asegurar la adjudicación a determinados contratistas. Según el expediente, terceros involucrados en la contratación realizaron transferencias de dinero a cuentas personales del entonces gobernador días después de la firma de los contratos.
El ente acusador destacó que estas actuaciones no solo violaron principios de contratación estatal, sino que impactaron directamente la credibilidad institucional y el bienestar de las comunidades más vulnerables del departamento.
“Se generó una sensación de desesperanza en el colectivo araucano”, indicó el fiscal, quien también recordó que Castillo enfrenta otra investigación por hechos cometidos durante su segundo período como gobernador (2020–2023).
Solicitud de pena máxima por parte de la Fiscalía
La Fiscalía pidió imponer a Castillo una pena de 178 meses de prisión (más de 14 años), 241.6 salarios mínimos de multa e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 182 meses. Adicionalmente, solicitó negarle cualquier beneficio de prisión domiciliaria o suspensión condicional de la pena, al tratarse de delitos dolosos contra la administración pública.
El Ministerio Público y la Contraloría se abstuvieron de intervenir en la audiencia.
La defensa pidió prisión domiciliaria por salud y arraigo
Por su parte, la defensa pública de Castillo solicitó la sustitución de la pena por prisión domiciliaria, argumentando que el exgobernador sufre de problemas físicos y mentales, incluyendo:
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Trastorno depresivo mayor diagnosticado por Medicina Legal.
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Parálisis facial por estrés.
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Hernia discal con recomendación de cirugía y terapias.
Además, presentó certificados de arraigo familiar, destacando que Castillo viviría con su esposa e hijos en Bogotá, en un apartamento de propiedad familiar, y que ha descontado 57 meses de detención, con 15 meses redimidos por trabajo intramuros.
La audiencia finalizó con la confirmación de que en los próximos días se notificará oficialmente la sentencia condenatoria, ya que la Sala anunció en su fallo que declarará su responsabilidad por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, aunque fue absuelto del delito de peculado por apropiación.
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