La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó que una adolescente murió en un bombardeo militar llevado a cabo la semana pasada en el departamento de Arauca. Así lo reveló Iris Marín, actual Defensora del Pueblo, quien también se refirió a otro operativo militar realizado en Puerto Santander, Amazonas, el pasado 1 de octubre, donde murieron cuatro adolescentes más, entre ellos una mujer y tres hombres.
“Independientemente de que ellos y ellas estuvieran cumpliendo funciones continuas de combate, los principios de humanidad y necesidad militar ponen en cuestión estas operaciones”, afirmó Marín.
La funcionaria advirtió que los menores de edad siguen siendo afectados por las operaciones aéreas contra grupos armados ilegales, pese a que estas acciones deberían prevenir cualquier daño colateral, especialmente a personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.
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Un nuevo caso de desaparición fue reportado por familiares en Arauca ➜“Se debe evaluar caso a caso las medidas que se adoptaron para evitar que resultaran afectados menores de edad”, explicó, y agregó que “ya era probable que los bombardeos afectaran a menores de edad. En este punto es una realidad y es previsible que esto siga ocurriendo si no se toman medidas adicionales.”
Marín fue enfática en pedir al Presidente de la República que se reevalúe el uso de bombardeos como estrategia militar. “Quiero insistirle al Presidente de la República en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad.”
También apeló a principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario: “Le invoco el principio de necesidad militar, el de precaución, el de humanidad y sobre todo, el de prevalencia de los derechos de las niñas y los niños.”
La defensora expresó que la historia detrás de cada menor muerto en estos ataques “es desgarradora” y solicitó buscar alternativas distintas a los bombardeos, para preservar la vida de los niños y niñas en medio del conflicto.
Además del llamado al Gobierno, la Defensoría exigió a los grupos armados ilegales la liberación inmediata de los menores reclutados y la suspensión de esta práctica. “A los grupos armados ilegales les exigimos liberar de inmediato y sin condiciones a todos los menores de edad reclutados y suspender esta práctica”, declaró.
De acuerdo con cifras de la Defensoría, las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco son las principales responsables del delito de reclutamiento de menores.
