El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció que apelará la decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá que restringió temporalmente las operaciones aéreas ofensivas contra objetivos en los que exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores reclutados o utilizados por grupos armados.
El pronunciamiento fue realizado este jueves por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien cuestionó los alcances de la medida provisional y confirmó que el Ejecutivo buscará controvertirlas por la vía judicial.
La decisión del juzgado está relacionada con una acción de tutela que involucra a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares. Mientras se adopta una decisión de fondo, el despacho ordenó abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas sobre determinados objetivos cuando exista información verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por organizaciones armadas.
Lara manifestó que, aunque las decisiones judiciales deben ser acatadas, también pueden ser objeto de cuestionamientos.
“Los fallos de la justicia se respetan, pero también pueden —y deben— ser objeto de dura crítica”, afirmó el ministro.
Uno de los principales reparos planteados por el jefe de la cartera del Interior está relacionado con el alcance de la expresión “razonablemente verificable” utilizada en la providencia judicial.
El ministro sostuvo que este criterio podría generar dificultades para determinar cuándo resulta procedente una operación aérea.
“¿Qué significa, en términos operacionales, ‘razonablemente verificable’? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible”, señaló.
La providencia del Juzgado 34 de Familia establece que las autoridades deberán abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” acerca de la presencia de menores reclutados o utilizados por grupos armados.
La restricción se mantendrá, según el documento judicial, hasta que se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine, de acuerdo con la información disponible y los protocolos operacionales, que no existe una alternativa menos lesiva para alcanzar el objetivo militar perseguido.
Frente a ese alcance, Lara consideró que la aplicación práctica de la medida podría limitar ampliamente el uso de bombardeos por parte de la Fuerza Pública.
“En un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos”, aseguró.
El ministro agregó: “Si ese es el efecto práctico de la decisión, habría sido más sencillo prohibir los bombardeos”.
El pronunciamiento ocurre después de la controversia generada por una operación desarrollada el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra zonas campamentarias atribuidas al Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de las disidencias asociadas a alias ‘Calarcá’.
Juez suspende temporalmente bombardeos donde exista presencia de menores reclutados
El balance de la operación reportó 10 integrantes de la estructura muertos y uno capturado. Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que tres de las personas fallecidas eran menores de edad, dos de 15 años y una de 16.
El caso también abrió una discusión política sobre la responsabilidad del Ministerio de Defensa y la utilización de operaciones aéreas contra estructuras armadas que reclutan menores.
En su reacción a la decisión judicial, Lara sostuvo que la protección de los niños y adolescentes debe mantenerse como una prioridad, pero cuestionó que el reclutamiento por parte de estructuras ilegales pueda terminar limitando la capacidad operacional del Estado.
“Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este gobierno”, manifestó.
Posteriormente agregó que convertir el reclutamiento de menores “en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo”.
El Gobierno confirmó finalmente que recurrirá la determinación judicial. Lara cerró su pronunciamiento calificando la medida como “absurda e inconstitucional” y anunció: “será apelado”.
La orden cuestionada por el Ejecutivo tiene carácter provisional y se mantendrá mientras el Juzgado 34 de Familia de Bogotá adopta una decisión de fondo sobre la acción de tutela. Entretanto, las autoridades destinatarias deberán cumplir las condiciones fijadas por el despacho para las operaciones aéreas ofensivas en escenarios donde exista información sobre la presencia de menores reclutados o utilizados por grupos armados.
