Revelan una carta enviada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que el equipo de empalme del Gobierno entrante expone ocho alertas sobre la situación en la que recibiría la administración nacional.
Entre los principales temas figuran la crisis del sistema de salud, la política de acceso a tierras, el estado de las finanzas públicas, la seguridad, la infraestructura y otros asuntos de carácter institucional.
De acuerdo con la publicación de SEMANA, el proceso de empalme entre el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro y el equipo designado por el presidente electo Abelardo De la Espriella ha estado marcado por diferencias públicas entre ambas partes. Según el medio, la primera reunión oficial entre los equipos se desarrollará dentro de un proceso de transición que estará acompañado de solicitudes de información, auditorías y revisiones sobre el estado de diferentes sectores del Estado.
Uno de los principales puntos planteados por Restrepo corresponde a la situación del sistema de salud. En la carta, conocida por periodistas nacionales, el vicepresidente electo advierte sobre un posible deterioro operativo del servicio luego de las intervenciones realizadas por el Estado a varias EPS.
“El equipo ha elevado con consternación una alerta por un posible colapso operativo de la atención en salud de los colombianos, posterior a las intervenciones de varias EPS. Como lo advirtió la Contraloría General al gestor fiscal de la Superintendencia Nacional de Salud, en 2025 se registraron 2.061.661 peticiones, quejas y reclamos, un incremento del 65,3 por ciento en las quejas respecto de las 1.247.137 recibidas en 2022”, señala textualmente la comunicación divulgada por la revista.
El documento agrega que el número de peticiones, quejas y reclamos recibidos por la Superintendencia de Salud durante 2025 equivale aproximadamente a la población de Cali y sostiene que el 61,66 % de esas reclamaciones corresponde a EPS intervenidas por el Estado, cifra que compara con la población de Barranquilla.
La carta también hace referencia al comportamiento financiero de varias entidades promotoras de salud intervenidas. Según la información citada por SEMANA, el equipo de empalme menciona incrementos en los pasivos reportados por Coosalud, Emssanar, Famisanar, Savia Salud y SOS, datos que considera motivo de preocupación durante la transición administrativa.
Otro de los capítulos que ocupa un espacio importante en la comunicación corresponde a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y al avance de la política de entrega de predios.
Según la carta conocida, el equipo del Gobierno entrante expresa inquietud frente a los resultados obtenidos por la entidad en materia de acceso a la propiedad rural.
“Existe una preocupante alerta de la información anunciada por la entidad frente a los avances en acceso a la propiedad de la tierra del campesinado”, señala el documento.
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De acuerdo con las cifras citadas en la publicación, la plataforma Sinergia del Departamento Nacional de Planeación reportaba al 31 de mayo de 2026 un avance del 6 % frente a la meta de entregar 1,5 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras establecida en el Plan Nacional de Desarrollo.
La carta también sostiene que la Agencia habría destinado 2,37 billones de pesos para la compra de predios y menciona el caso de la Hacienda Simba, en Sucre, sobre la cual hace referencia a un hallazgo fiscal reportado por la Contraloría por 16.382 millones de pesos, al indicar que el predio aún no habría sido transferido a la ANT ni a los beneficiarios.
Asimismo, el documento señala que el 56,2 % de las hectáreas reportadas como entregadas corresponde a adjudicaciones en provisionalidad y no en propiedad, situación que, según el equipo de empalme citado por SEMANA, dificultaría el acceso al crédito y la seguridad jurídica de los campesinos.
La comunicación también solicita información detallada sobre cuatro convenios interadministrativos suscritos con la Sociedad de Activos Especiales y el Fondo para la Reparación de las Víctimas, cuyo valor conjunto asciende, según la carta, a 1,74 billones de pesos.
En materia fiscal, Restrepo plantea varias observaciones relacionadas con la deuda pública y el déficit proyectado para los próximos años.
Según reproduce el medio de comunicación, la carta afirma:
“El Gobierno nacional ha informado a la opinión pública que entregará el país con una deuda neta del 58 por ciento del PIB, lo cual genera inquietudes y alertas al evidenciarse un desajuste con las cifras presentadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, las cuales indican que la deuda neta en 2026 cerrará en un 61 por ciento del PIB, la más alta de la historia, llegando al 62,9 por ciento en 2027 y al 63,8 por ciento en 2028, un 4 por ciento del PIB superior al Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026”.
Además de la deuda, el vicepresidente electo solicita información sobre la elaboración del presupuesto de 2027, la ejecución presupuestal de 2026, los compromisos pendientes de pago, las cuentas por pagar y otros pasivos fiscales.
También pide explicaciones sobre la caída de los sistemas informáticos y de los servicios virtuales de Colpensiones, situación que, según el documento, habría afectado a afiliados y pensionados.
Otro de los temas abordados es la política de paz total impulsada por el Gobierno saliente.
De acuerdo con la carta publicada por SEMANA, el equipo de empalme solicita conocer los compromisos adquiridos con grupos armados ilegales relacionados con zonas de concentración, ceses al fuego, levantamiento de órdenes de captura y otros acuerdos.
Igualmente, pide información sobre los compromisos establecidos con el Gobierno venezolano en el marco de esa política y solicita cifras relacionadas con reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, homicidios y personas heridas en combate.
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La crisis energética constituye otra de las preocupaciones expresadas en la comunicación.
El documento solicita conocer las estimaciones oficiales frente al posible impacto del fenómeno de El Niño sobre el suministro de energía y gas, así como las medidas adoptadas para prevenir eventuales racionamientos. También menciona los efectos derivados de las decisiones relacionadas con la exploración de hidrocarburos y las dificultades registradas en proyectos de energías renovables.
En relación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la carta manifiesta preocupación por el manejo de recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
“Preocupa al equipo de empalme el manejo de los recursos extrapresupuestales del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), administrado por la UNGRD, que recibió transferencias extraordinarias de este despacho por aproximadamente 1,4 billones de pesos durante 2023”, señala el documento divulgado por SEMANA.
El equipo solicita información sobre el estado financiero del fondo, los recursos disponibles y el histórico de transferencias realizadas entre 2022 y 2025.
En cuanto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la carta plantea inquietudes sobre la financiación del proceso de formalización de madres y padres comunitarios.
Según el texto divulgado por la revista, Restrepo advierte que la creación de 2.353 cargos mediante el Decreto 1398 de 2025 requiere claridad sobre su sostenibilidad presupuestal para evitar afectaciones tanto a los trabajadores como a la operación de la entidad.
Otro de los apartados corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Según la información revelada por SEMANA, el equipo de empalme considera que la entidad enfrenta un elevado riesgo fiscal debido a 48 tribunales de arbitramento activos, cuyas pretensiones económicas ascienden a 18,3 billones de pesos.
La comunicación también menciona antecedentes como la condena relacionada con el proyecto vial Antioquia-Bolívar, decisiones regulatorias y el estado de ejecución presupuestal de la entidad.
Tras conocerse el contenido de la carta, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó su desacuerdo con la divulgación pública de las alertas.
Según recoge SEMANA, el funcionario sostuvo que “Este proceso hay que hacerlo con seriedad y responsabilidad” y afirmó que parte de la información utilizada por el equipo del Gobierno entrante provendría de publicaciones de medios de comunicación y no de información institucional consolidada.
La revista señala que mientras el equipo de José Manuel Restrepo asegura haber recopilado cerca del 70 % de la información necesaria para iniciar la transición, el Gobierno saliente sostiene que el diagnóstico presentado es parcial.
De acuerdo con la publicación, uno de los pocos puntos de coincidencia entre ambas partes corresponde a la situación fiscal del país, aunque con interpretaciones diferentes sobre sus causas y alcance. Mientras el Gobierno saliente atribuye las dificultades a restricciones fiscales derivadas de decisiones del Congreso y de la Corte Constitucional, el equipo del Gobierno entrante considera que recibirá un escenario marcado por un mayor déficit y un incremento de la deuda pública.
Finalmente, SEMANA indica que el Gobierno saliente también manifestó preocupación por la continuidad de políticas implementadas durante la actual administración en áreas como salud, educación superior, atención a la niñez, reforma agraria y programas sociales, asuntos que, según la publicación, harán parte de las discusiones durante el proceso de empalme.
Al término de este artículo se conoció que la Contraloría General de la República acompañará el proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo De la Espriella.
La información fue confirmada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien señaló que esta participación busca dar mayores garantías al proceso.
“La participación de la Contraloría es una demostración de la legitimidad de un proceso que lo único que busca es generar transparencia y claridad para los colombianos sobre cómo se recibe el país, punto de partida para la construcción de la Patria Milagro”, dijo Restrepo.
