Keinly Liliana Páramo Cáceres, enfermera colombiana de 29 años, completa más de cuatro años privada de la libertad en Venezuela, tras haber sido detenida el 12 de enero de 2022 cuando regresaba a Colombia después de un viaje turístico. La mujer sostiene que es inocente de los delitos que se le atribuyen y solicita apoyo de las autoridades colombianas para revisar su caso.
De acuerdo con su testimonio, Páramo Cáceres viajaba en un taxi público con destino a Colombia, su país de origen, cuando el vehículo fue detenido en una alcabala ubicada en San Juan de Payara, estado Apure. Allí, funcionarios de la Guardia Nacional solicitaron la documentación de los pasajeros y revisaron sus pertenencias.
La colombiana relató que durante el procedimiento explicó su ocupación y presentó su documento profesional.
Según Páramo Cáceres, luego de esa primera revisión, los ocupantes del taxi fueron trasladados al batallón de San Juan de Payara, donde nuevamente fueron requisados. La mujer aseguró que las autoridades no encontraron elementos ilegales en el vehículo ni en las pertenencias de los pasajeros. “Fuimos requisados por el responsable de dicho batallón, un mayor de la Guardia Nacional, de apellido Hernández, no consiguiendo nada ilícito en ninguno de los pasajeros del taxi donde veníamos”, indicó.
La enfermera afirmó que hacia las 10:00 de la noche llegaron hombres encapuchados que, según su relato, serían integrantes de la DGCIM. A pesar de que ya habían sido revisados, dijo que fueron sometidos a otra requisa. “Nos vuelven a requisar, a pesar de que el mayor del batallón les informa que no teníamos nada irregular. La persona del DGCIM responde textualmente que no importaba, ya que servíamos mucho por el hecho de ser colombianos”, aseguró.
Arauca pasó de cero matrícula oficial en prejardín y jardín a 1.129 niños en 2026
Páramo Cáceres denunció que después de ese procedimiento fueron atados de manos, cubiertos del rostro y trasladados a una base militar en Merecure, municipio Biruaca, también en el estado Apure. De acuerdo con su versión, al día siguiente fueron llevados a la base de caballería de San Fernando, donde funcionarían oficinas de la DGCIM.
La mujer sostuvo que en ese lugar fue sometida a maltratos físicos y verbales. “Yo, por ser la única mujer en ese taxi, me metieron en un cuarto sumamente frío, aplicándome electricidad en todo mi cuerpo, como castigo. El resto de los pasajeros fueron brutalmente torturados físicamente, de tal manera que algunos estuvieron a punto de fallecer”, manifestó.
En su testimonio, la colombiana afirmó que durante varios días no tuvo comunicación con su familia ni acceso a una defensa efectiva. También aseguró que, debido a los maltratos, perdió por momentos la noción de lo que ocurría. “De tanto maltrato ya no veía ni escuchaba. Nadie sabía dónde estábamos. Era un verdadero secuestro y sin derecho a defensa. Fueron varios días consecutivos recibiendo tales torturas”, relató.
Posteriormente, según su declaración, los detenidos fueron presentados ante tribunales en San Fernando y luego trasladados a Caracas. El 28 de enero de 2022 comparecieron ante el Tribunal Tercero de Control con competencia en terrorismo del Área Metropolitana de Caracas. Allí, de acuerdo con Páramo Cáceres, fueron vinculados con otras nueve personas que no conocían.
La enfermera aseguró que en esa audiencia intentó explicar que no tenía relación con los otros procesados y que los primeros funcionarios que hicieron la revisión no encontraron elementos ilegales. “En dicho tribunal nos presentaron con nueve personas más, supuestas causas, pero que ninguno de los que veníamos en el taxi conocíamos. En total fuimos trece personas a quienes nos incriminaron con los delitos de asociación para delinquir, terrorismo y tráfico de armas”, afirmó.
Páramo Cáceres agregó que sus argumentos no fueron atendidos por el juez. “A pesar de explicarle al juez que no conocíamos a esas nueve nuevas personas con quienes nos vinculan y de decirle que existían siete guardias nacionales que nos revisaron previamente sin encontrar nada ilícito, este hizo caso omiso”, sostuvo.
Después de la audiencia, la colombiana fue trasladada a la sede principal de la DGCIM en Boleíta, Caracas. El 10 de febrero de 2022 fue llevada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, ubicado en Los Teques, estado Miranda, donde, según su familia, permanece recluida.
El proceso judicial, de acuerdo con el testimonio de Páramo Cáceres, ha tenido cambios, apelaciones y retrasos desde 2022. La mujer señaló que el 6 de mayo de ese año le fue retirado inicialmente el delito de terrorismo, luego de la declaración de los guardias nacionales que participaron en la primera revisión.
Sobre esa etapa del proceso, la enfermera afirmó: “Después de muchos diferimientos, a mí, Keinly Liliana Páramo Cáceres, me quitan el delito de terrorismo después de la declaración de los guardias nacionales que nos revisaron inicialmente, cuya declaración nos favoreció. Así mismo paso al tribunal de juicio”.
Sin embargo, según su relato, la Fiscalía apeló la decisión y posteriormente el proceso volvió a cambiar. Páramo Cáceres indicó que en enero de 2023 se repitió la audiencia preliminar y que nuevamente fue incluido el delito de terrorismo dentro del caso. También afirmó que el juicio tuvo nuevas interrupciones por cambios de juez.
Ante esta situación, la colombiana pidió apoyo de las autoridades de su país. “Ante la realidad de la justicia venezolana, la cual incrimina sin pruebas, aplicando retardos procesales, solicito ante las autoridades colombianas ayuda para poder alcanzar mi libertad, ya que soy inocente de los delitos que se me acusan”, expresó.
En diálogo con ‘Al Aire Noticias’, Maricel Cáceres, madre de Liliana, también pidió acompañamiento institucional. Según dijo, su hija fue detenida cuando regresaba de Venezuela hacia Colombia y desde entonces la familia ha vivido un proceso difícil. “Ella se fue a visitar a alguien a Venezuela y cuando venía la agarraron presa. A ella le pusieron como terrorismo. Ella solo traía la cédula colombiana, no traía más nada, y la acusaron de terrorismo”, manifestó.
La madre aseguró que ha intentado buscar apoyo, pero afirmó que no ha recibido una respuesta efectiva. “Una vez hablé con derechos humanos en Arauquita, pero eso no se llevó a cabo, nunca hicieron nada. De Cancillería no se han contactado conmigo”, sostuvo durante su declaración.
Maricel Cáceres recordó que su hija se desempeñaba como enfermera en Arauquita y que trabajó durante la pandemia por COVID-19. “Ella colocó muchas dosis cuando la pandemia del COVID, ella trabajó en el hospital de Arauquita. Ella es muy buena hija, muy buena hermana”, expresó.
Finalmente, la madre envió un mensaje a Liliana y reiteró su llamado de ayuda. “La amo mucho, ella sabe muy bien que yo la amo mucho. Dios nos está dando la fortaleza, tanto a mí como a ella, que está en la situación que se encuentra. Esto es duro para todos nosotros, pero hay que confiar en Dios, que nos ayuden a sacarla de allá de ese país”, dijo.
La familia de Liliana Páramo Cáceres insiste en que el caso sea revisado por las autoridades colombianas, mientras la enfermera continúa privada de la libertad en Venezuela y mantiene su declaración de inocencia frente a los delitos por los que fue procesada.
Discover more from Al Aire Noticias
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
