El agravamiento del conflicto armado en el departamento de Arauca durante el primer semestre del año debe captar la atención del alto gobierno y de las autoridades departamentales y locales, ya que el número de personas desaparecidas aumentó a 73, es decir, 38 más que en el mismo periodo del año anterior. A esta cruda situación se añade, como reportó recientemente la Defensoría del Pueblo, al menos 78 homicidios.
La situación es tan crítica que durante todo el 2023 la Defensoría registró la desaparición de 113 personas, de las cuales aún se desconoce el paradero de 37. En lo que va del 2024, 29 personas siguen desaparecidas. Uno de los casos más recientes, ocurrido el 6 de mayo, es el del ganadero Uriel Parales, de 64 años, quien habría sido secuestrado en el municipio de Cravo Norte y de quien no se tiene información hasta el momento. En total, en el último año y medio, 66 personas siguen desaparecidas, dejando a sus familias en una angustiosa espera.
La Defensoría del Pueblo está sumamente preocupada por las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) cometidas por los grupos armados ilegales en el departamento, como el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, a través de su Comando Conjunto de Oriente, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con su Frente de Guerra Oriental.
Sometimiento a ‘juicios’
Según los familiares de las víctimas, las personas son identificadas y abordadas por sujetos armados que, mediante intimidación, las secuestran y llevan a lugares desconocidos. En la mayoría de los casos, son sometidas a ‘juicios’ que incluyen torturas y castigos para determinar si colaboran con algún grupo armado rival. En otros casos, las motivaciones pueden ser económicas o extorsivas.
Además, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de un subregistro significativo de desapariciones, ya que muchos familiares temen denunciar ante las autoridades por posibles represalias. Algunos se arriesgan a buscar información de manera privada, con la esperanza de asegurar el regreso seguro de sus seres queridos.
La desaparición forzada, como práctica atroz en el desarrollo del conflicto armado, no solo constituye una evidente violación a los derechos humanos, sino que se convierte en un crimen de lesa humanidad cuando se comete de manera generalizada o sistemática, como está ocurriendo en Arauca.
Llamado a los grupos armados y al Estado
La Defensoría del Pueblo insta al Comando Conjunto de Oriente y al Frente de Guerra Oriental a poner fin a esta violenta práctica, que somete a la población civil, genera terror y causa sufrimiento a las familias y a la sociedad en general, además de constituir una violación a los derechos a la libertad, la seguridad y la vida.
Asimismo, la Defensoría solicita a las instituciones del Estado prestar especial atención a la compleja situación de orden público en el departamento, implementando acciones que mitiguen sus efectos y protejan los derechos de las comunidades, respetando el DIH.
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