La Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias a cinco exfuncionarios de la Gobernación de Arauca, entre ellos la actual diputada Maricel Ortiz Ramírez, por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2019. Los sobrecostos en el contrato alcanzaron los $898 millones, según el ente de control.
La Procuraduría General de la Nación informó sobre la decisión de destituir e inhabilitar por 9 años y 6 meses a William Arévalo Quintero, exsecretario de Educación de Arauca, y a Uriel Niño López, exgerente encargado de Contratación. Las sanciones se relacionan con su participación en la modificación y adición al Contrato 469 de 2019, suscrito para el suministro de raciones del PAE en el departamento.
Según el fallo, Arévalo Quintero firmó el adicional un del contrato, valorado en $3.793 millones, sin contar con estudios previos completos y debidamente sustentados, lo que generó sobrecostos por $898 millones. Por su parte, Niño López participó en la etapa contractual omitiendo verificar que los estudios presentados se ajustaran a la normatividad, además de no publicar todos los documentos relacionados con el contrato.
La sanción también alcanzó a Maricel Ortiz Ramírez, quien para la época se desempeñaba como secretaria de Educación del departamento. Fue destituida e inhabilitada por 9 años por haber suscrito el adicional 2 al contrato, por valor de $4.242 millones, sin estudios previos adecuados, a pesar de los lineamientos definidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
Adicionalmente, el entonces gobernador de Arauca entre 2020 y 2021, José Facundo Castillo Cisneros, fue suspendido por 12 meses, convertidos en equivalentes salariales. La Procuraduría concluyó que firmó el modificatorio 1 del contrato por $14.078 millones sin contar con estudios de mercado que evitaran sobrecostos en la transformación del tipo de ración.
La interventora del contrato, Diana Susi Mahecha Herrera, representante legal de Invida SAS, fue sancionada con una multa de 20 salarios mínimos mensuales e inhabilitada por 10 años para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado. La Procuraduría determinó que incumplió con sus deberes de supervisión del contrato.
Finalmente, el supervisor del contrato de interventoría, Holman Jeffrey Ruiz Puerta, recibió una suspensión de tres meses convertida en sanción económica, por no ejercer de forma adecuada las funciones asignadas.
El ente de control concluyó que los funcionarios sancionados permitieron que el contratista Unión Temporal Alimentar Arauca 2019 entregara raciones con cantidad insuficiente de ingredientes, lo que impidió cumplir con los objetivos del programa y afectó los derechos a la alimentación y educación de los estudiantes durante la pandemia.
La Procuraduría indicó que procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
