Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, cumplieron dos meses en cautiverio luego de haber sido secuestrados por el ELN el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul en el departamento de Arauca. En un video difundido recientemente, los retenidos solicitaron al Gobierno Nacional y a organismos internacionales gestionar su liberación.
En un mensaje grabado desde su lugar de cautiverio, Rodrigo Antonio López Estrada, escolta de la Fiscalía, pidió al presidente Gustavo Petro y a la Fiscal General tomar acciones inmediatas para facilitar su liberación.
“A la fecha no han hecho nada, ni el Presidente ni la Fiscalía han activado canales con la ONU ni la Defensoría del Pueblo para gestionar nuestra liberación”, afirmó López.
El funcionario instó a su familia a exigir a las autoridades información concreta y con soportes sobre las gestiones adelantadas, e hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y a Naciones Unidas para ejercer presión sobre el Gobierno. “Solicito a la Defensoría, como defensores de derechos humanos, que presionen por nuestra liberación”, añadió.
Por su parte, Jesús Antonio Pacheco Oviedo, agente de protección adscrito a la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía, reiteró la solicitud al presidente Petro para establecer comunicación con el ELN.

“Somos servidores públicos. Usted como jefe del Estado debe buscar mecanismos de cooperación y diálogo para nuestra liberación”, manifestó.
Pacheco también envió un saludo a su familia y pidió el acompañamiento de la comunidad internacional, la Iglesia Católica y organismos defensores de derechos humanos para que intervengan ante el grupo armado. Ambos hombres recordaron que permanecen retenidos desde el 8 de mayo y se refirieron a sí mismos como “prisioneros de guerra”.
Desde su secuestro, familiares y allegados de los funcionarios han realizado caminatas y plantones solicitando su pronta liberación. Hasta ahora, no se ha reportado una respuesta oficial por parte del Gobierno o la Fiscalía sobre las gestiones solicitadas por los retenidos.