Organizaciones sociales y veedurías ciudadanas del departamento de Arauca mantienen una protesta simbólica al interior de las instalaciones de la Unidad Administrativa de Salud, en respuesta a las continuas fallas en la atención médica en la región. Según denuncian, el sistema presenta deficiencias estructurales que afectan tanto a los pacientes como a los trabajadores del sector salud.
José Luis Cáceres, miembro de la asociación Asusalupa y veedor ciudadano, explicó que la ubicación geográfica del departamento y los altos costos de operación dificultan la prestación de servicios médicos adecuados. Indicó que el modelo actual convierte la salud en un negocio, generando rentabilidad para unos pocos y precariedad para los demás.
“La salud se ha mercantilizado dentro del modelo económico vigente, lo que genera beneficios económicos para unos actores, pero no garantiza la prestación efectiva del servicio para los usuarios ni condiciones laborales justas para los trabajadores”, sostuvo.
En el departamento, solo dos Empresas Sociales del Estado (ESE), el San Vicente de Arauca y el Hospital del Sarare, cuentan con atención de segundo nivel de complejidad, mientras que las demás ofrecen únicamente servicios básicos. Esto incrementa la necesidad de remisiones, generando demoras que, en muchos casos, afectan la salud de los pacientes.
Además, Cáceres señaló que desde 2016 se mantienen contratos sin modificaciones que no reconocen ajustes como el IPC, lo que ha generado dificultades económicas para las IPS, afectando directamente a los trabajadores del sector. La mayoría de ellos se encuentran vinculados por medio de contratos de prestación de servicios, sin garantías laborales.
Frente a esta situación, algunos usuarios han recurrido a vías de hecho. “El cierre de EPS en municipios como Saravena, Tame, Fortul y la capital Arauca ha llevado a que los pacientes tomen acciones extremas para exigir atención inmediata”, afirmó Cáceres.
Por su parte, Flor María Trillos, también veedora en salud, recalcó que el problema no solo afecta a los trabajadores de la salud, sino que también pone en riesgo la vida de los pacientes. Remisiones demoradas, falta de medicamentos y una red hospitalaria con déficit económico han sido causas constantes de reclamo.
“Tenemos casos como el de una paciente de 79 años que fue remitida a varias instituciones médicas sin recibir la cirugía necesaria y ahora regresa sin el procedimiento realizado”, denunció Trillos. Afirmó que esta situación evidencia “violaciones sistemáticas de derechos en salud”.
Sindicatos de la salud, y diferentes organizaciones, manifestaron que permanecerán en protesta hasta que se reactive la mesa departamental de salud con participación efectiva del gobierno nacional y demás actores del sistema.
De otro lado, Tito Prada, también miembro de Asusalupa, manifestó que es lamentable que a pesar de agotar todas las instancias para que exista una correcta prestación del servicio de salud, al día de hoy no hayan cambios verdaderos o algunas mejores en varios de estos asuntos.
“La gente tiene que entender que no es por gusto que estamos haciendo esta protesta en la UAESA, sino que nuestros familiares y usuarios se están muriendo esperando no solamente un medicamente sino también una remisión de tercer o cuarto nivel”, concluyó.
