Se le conoce como “Perdón Presidencial” y el jefe de Estado podría eliminar las condenas de las personas que bajo su juicio considere, siempre y cuando vaya atado a la ‘Paz Total’.
Desde el Congreso de la República, la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, quien apoyó la candidatura presidencial de Gustavo Petro, lanzó una alerta frente a una eventual Reforma Constitucional (Perdón Judicial) que le entregaría ‘superpoderes’ al presidente, a tal punto que podría eliminar las condenas y procesos penales que tengan algunas personas que hayan participado en el conflicto armado o que los hechos objeto de sanción estén relacionados con la política de Paz Total.
La congresista del Pacto Histórico, coalición política que sirvió de plataforma para que Petro llegara al poder, compartió en su red social X un documento que haría parte de la reforma que quiere impulsar el gobierno nacional en el Legislativo.
Las dos imágenes contienen texto relacionado con un proyecto de acto legislativo que aborda aspectos de la política de paz total. En la primera imagen (Proyecto de Acto Legislativo), se declara que el Presidente de la República puede otorgar facultades especiales transitorias, lo que incluye la posibilidad de perdonar judicialmente ciertas acciones penales para contribuir a la política de paz total. Este perdón implica la anulación de condenas y sanciones y el archivo de investigaciones en curso, con el objetivo de restablecer derechos políticos afectados.
La segunda imagen (Artículos 5 al 8), detalla los procesos relacionados con este perdón, como la posibilidad de abrir un nuevo macrocaso para aquellos actores políticos y ciudadanos cuyos derechos hayan sido vulnerados. Además, se menciona la obligación del Estado de reparar los daños causados por delitos contra la administración pública y se establece un compromiso de no repetición de corrupción o actividades que vulneren los derechos fundamentales.
Ambos textos hacen hincapié en la necesidad de la reconciliación en Colombia y la búsqueda de una paz total, comprendiendo las dinámicas del conflicto y las diferencias ideológicas, necesarias en un Estado Social de Derecho.
Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro ni los ministros del Interior o de Justicia, se han pronunciado sobre los ducmentos revelados por la parlamentaria Angélica Lozano.
