La Procuraduría General de la Nación estableció nuevos lineamientos dirigidos a entidades del orden nacional y territorial para avanzar en la sustitución segura del asbesto instalado en Colombia y reducir los riesgos derivados de la exposición a este material.
La medida quedó consignada en la Directiva 009 del 9 de abril de 2026, mediante la cual el Ministerio Público busca impulsar la formulación, adopción e implementación de acciones relacionadas con el retiro progresivo del asbesto, así como fortalecer las estrategias destinadas a proteger la salud de las personas potencialmente expuestas y prevenir impactos ambientales.
La directriz fue remitida al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y a diferentes ministerios, entre ellos los de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Trabajo, Comercio, Industria y Turismo, Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación.
También fueron incluidas entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Agencia Nacional de Minería y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Las disposiciones involucran además a las autoridades ambientales regionales y urbanas, gobernaciones, alcaldías, secretarías de Ambiente y establecimientos públicos ambientales, responsables de adelantar acciones dentro de sus competencias.
La Procuraduría señaló que la directiva contempla lineamientos orientados a fortalecer la aplicación de la Ley 1968 de 2019, norma mediante la cual se estableció la prohibición del uso del asbesto en Colombia.
Entre las acciones planteadas se encuentra el fortalecimiento de las labores de inspección, vigilancia y control para prevenir eventuales incumplimientos a la prohibición, así como la aplicación de las medidas correspondientes frente a actividades relacionadas con la explotación, producción, exportación y comercialización del mineral.
En el marco de estas disposiciones, el Gobierno Nacional adoptó el Documento CONPES 4211 de 2026, con el propósito de consolidar una política pública que permita coordinar las acciones requeridas para atender la presencia de asbesto instalado en diferentes sectores.
La hoja de ruta nacional plantea avanzar de manera progresiva y segura en la sustitución del asbesto, articulando medidas destinadas a disminuir la exposición de la población y a fortalecer la protección del medio ambiente.
Con estas disposiciones, las entidades involucradas deberán avanzar en la coordinación de estrategias, controles y procedimientos que permitan implementar de manera gradual la sustitución del material y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre su prohibición.
