La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, revocó los beneficios de suspensión de las órdenes de captura que habían sido otorgados a 31 representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes participaban en la mesa de diálogos de paz. Esta decisión se tomó a raíz de la “gravedad de los actos criminales perpetrados en la región del Catatumbo” por la guerrilla, los cuales “contradicen su participación genuina y comprometida en el proceso de paz”, según lo indicó la Fiscalía.
Los recientes hechos de violencia, que iniciaron el pasado 16 de enero, han desatado una grave crisis humanitaria en la zona y han puesto en riesgo la vida e integridad de la población civil, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. El ELN se atribuyó los ataques a través de la red social X (anteriormente Twitter), en publicaciones realizadas por su máximo jefe, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”. Además, estas acciones fueron ratificadas por Gregorio Manuel Pérez Martínez, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental, en tres comunicaciones emitidas los días 17, 18 y 19 de enero.
De acuerdo con la Resolución No. 00015 de 2025, firmada por la fiscal general, “el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN, da lugar a reactivar las órdenes de captura suspendidas en su momento por solicitud del Presidente de la República, en los términos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 29 de noviembre de 2023”.
Con esta determinación, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra importantes figuras del ELN, entre ellos Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Aureliano Carbonell y Bernardo Téllez, quienes habían sido reconocidos por el Gobierno Nacional como voceros en los diálogos de paz.
La resolución fue notificada a la Presidencia de la República, al Alto Comisionado para la Paz y a las autoridades de policía judicial, quienes deberán proceder según lo dispuesto en el marco de sus competencias. Adicionalmente, se derogaron las resoluciones que en su momento suspendieron las órdenes de captura, incluyendo las emitidas en noviembre de 2022 y junio y agosto de 2023.
Este nuevo revés para el proceso de paz con el ELN deja en incertidumbre el futuro de los diálogos con el Gobierno Nacional, que deberá evaluar nuevas estrategias para evitar la escalada de violencia en la región del Catatumbo y el país en general.
