El Gobierno Nacional, mediante un decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública, eliminó una prima especial de servicios que representaba ingresos mensuales adicionales de $16’914.540 para los congresistas. Esta decisión modifica la estructura salarial de senadores y representantes, con efectos a partir de 2026.
El decreto, fechado el 19 de enero y difundido por Función Pública, deroga una norma de 2013 implementada durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que había creado esta prima como sustitución de otros beneficios relacionados con salud, localización y vivienda.
En el documento oficial se justifica la decisión señalando que la remuneración de los congresistas “resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”. Con la eliminación de esta prima, la estructura salarial de los legisladores quedará compuesta por dos elementos: el sueldo básico de $12’455.244 y los gastos de representación de $22’142.662.
El ajuste no tendrá efectos inmediatos, sino que aplicará para los congresistas que inicien su periodo el 20 de julio de 2026, tras las elecciones legislativas previstas para marzo de ese año. De esta forma, el salario mensual de un congresista pasará de cerca de $52 millones a aproximadamente $35,7 millones, una vez eliminada la prima.
El decreto también argumenta que esta medida forma parte de una reorientación del gasto público y responde a la necesidad de adoptar medidas de austeridad que no afecten los derechos fundamentales, en este caso, de los congresistas.
Por su parte, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, cuestionó la medida y la catalogó como no de “austeridad”; si no por el contrario, de tratarse de un “castigo político”
“Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo. Aún así, acatamos la decisión porque respetamos el Estado de Derecho. Que quede claro: La independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control. Eso es democracia y nosotros somos demócratas”, dijo García.
La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, expresó su respaldo a la decisión, destacando que: “Después de 18 proyectos, muchos años de lucha y 11,6 millones de votos en la Consulta Anticorrupción, por fin se logró bajar el salario de los congresistas. Esto no es un favor, es una medida mínima de equidad con los ciudadanos que son nuestros jefes”.
