La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación conformaron una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético con el objetivo de supervisar la sostenibilidad, cobertura y calidad de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.
La iniciativa surge ante la preocupación por los efectos de los retrasos en los giros de subsidios, que ascienden a una deuda pública de $7,6 billones. Esta suma incluye $2,7 billones en subsidios de energía eléctrica, $3,3 billones en opción tarifaria, $1 billón en deuda de usuarios oficiales y $628 mil millones en subsidios de gas, según cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas con corte a enero de 2025.
La nueva comisión comenzó su labor citando a una mesa de trabajo al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Libardo Yanod Márquez, junto a su equipo técnico. Durante el encuentro, se le solicitó información detallada sobre la empresa intervenida AIR-E, incluyendo las acciones tomadas para garantizar la continuidad del servicio y los recursos con los que cuenta el Fondo Empresarial.
También se pidieron aclaraciones sobre:
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Los fundamentos jurídicos que sustentarían una eventual prohibición de coadministración en empresas intervenidas.
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El uso y destino de los recursos del Fondo Empresarial.
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La gestión de la solicitud de 2,8 billones de pesos hecha por la Agente Especial para asegurar la operación de AIR-E en 2025.
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Las garantías exigidas por mutuos por $148.000 millones otorgados a AIR-E.
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Los resultados de inspección y control sobre la operación de la empresa.
Además, se requirió precisar los mecanismos de control sobre los subsidios del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI) y las acciones que garantizan la confiabilidad de la información reportada en el Sistema Único de Información (SUI).
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La Contraloría, mediante su estudio “Subsidios en Electricidad, Gas Combustible, GLP y Combustibles Líquidos en el periodo 2014-2024”, advierte sobre deficiencias en el modelo actual de subsidios, incluyendo el sistema de estratificación como criterio de asignación.
El informe señala que la falta de ajustes puede afectar la sostenibilidad financiera del sistema, con impactos directos en la prestación del servicio y en los hogares de menores ingresos, lo que podría derivar en vulneraciones de derechos fundamentales.
Control fiscal y articulación institucional
El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía para agilizar las acciones correctivas y asegurar su implementación, destacando que el bienestar de millones de personas depende de la adecuada administración de estos subsidios.
El funcionario reiteró que la Contraloría y la Procuraduría continuarán trabajando conjuntamente para ejercer control fiscal y aportar soluciones ante las coyunturas del sector energético.
“Nuestro deber como entes de control y nuestro compromiso con la ciudadanía nos lleva a trabajar articuladamente para contribuir no solo en el seguimiento y control, sino en aportar soluciones oportunas a coyunturas que lo requieran”, puntualizó Rodríguez Becerra.
