La Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca alertó a la Alcaldía del municipio sobre la falta de continuidad en el servicio de transporte escolar, lo cual podría poner en riesgo el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes en la capital araucana.
Al Aire Noticias conoció que mediante oficio radicado con número E-2025-160982 / P-2025-3987051, el ente de control solicitó al alcalde Juan Qüenza información detallada sobre las medidas adoptadas para garantizar la prestación del transporte escolar durante el resto del calendario académico de 2025.
Según la respuesta entregada por la Secretaría de Educación de Arauca el 19 de agosto de 2025, el Contrato de Servicios No. 000-283 de 2025, suscrito con el Consorcio Ruta Segura 2025, terminará el 29 de agosto de 2025, y no está prevista su continuidad. En el documento se afirma que: “La Administración Municipal no proyecta la continuidad del servicio de transporte escolar para el resto del calendario académico del año 2025.”
La Alcaldía justificó esta decisión señalando que no cuenta con recursos adicionales del Sistema General de Regalías para financiar una posible prórroga o nuevo contrato.
En su comunicación, la Procuraduría citó la Sentencia T-314 de 2025, recordando que, aunque la responsabilidad principal recae en el Departamento de Arauca como entidad certificada en educación, los municipios también deben participar en la financiación del transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo exijan.
“Tanto departamentos como municipios –sin distinción entre certificados y no certificados– deben destinar recursos de la participación en educación al transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo exijan.”
Asimismo, se recalca que la administración municipal debe adoptar medidas para complementar el servicio y asegurar la cobertura del transporte escolar gratuito desde la residencia de los estudiantes hasta las sedes educativas, garantizando un servicio seguro y continuo.
La Procuraduría requirió a la Alcaldía de Arauca responder en un plazo de cinco días hábiles con información específica sobre: medidas previstas para garantizar la continuidad del transporte escolar hasta finalizar el calendario escolar de 2025; gestiones adelantadas para contratar o adicionar un nuevo servicio, indicando fechas, montos y número de estudiantes beneficiados; y acciones para garantizar cobertura integral y segura del transporte escolar.
La Procuraduría enfatizó que el transporte escolar es un componente esencial para materializar el derecho fundamental a la educación, especialmente en contextos rurales o de riesgo, y que las limitaciones presupuestales no deben convertirse en excusa para evadir responsabilidades.
“Las complejidades presupuestales son un factor de necesaria atención para la materialización del acceso a la educación, de ninguna manera pueden ser una excusa para que el municipio evada su obligación.”
Finalmente, la Procuraduría dijo en el documento que su función es de vigilancia preventiva y que no coadministra decisiones, pero sí debe anticiparse a posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
