A pesar de la reciente liberación de cinco ganaderos, más de 18 personas continúan secuestradas por el ELN en el departamento de Arauca, según denunció la Defensora del Pueblo, Iris Marín, este lunes.
La funcionaria advirtió que esta situación es una de las expresiones más alarmantes de la violencia que continúa azotando a esta región fronteriza.
Marín reiteró el llamado urgente a la liberación de todos los ciudadanos que permanecen en poder de grupos armados ilegales. La Defensoría calificó el secuestro como una violación grave del Derecho Internacional Humanitario y, cuando se comete de forma sistemática, como un crimen de lesa humanidad.
Además del drama que vive Arauca, Marín recordó que el caso de Clara Serrano cumple hoy un mes sin que haya noticias sobre su paradero.
Serrano fue secuestrada por el ELN en el municipio de Río de Oro, Cesar, el pasado 7 de marzo, cuando intentaba negociar la libertad de su hermano, quien había sido retenido con fines extorsivos. “La dejaron a ella y lo dejaron libre a él para que consiguiera el dinero”, explicó la Defensora, agregando que esta situación ha desencadenado una crisis familiar profunda, incluso con afectaciones en la salud de sus seres queridos.
La Defensoría también reportó que, desde el 21 de febrero, permanece secuestrada Jenny Salazar Zavaleta, ex personera de Tamalameque (Cesar), y Kevin Patarroyo Gómez, un joven que cumplió 19 años en cautiverio. Ambos casos, al igual que el de Serrano, son secuestros extorsivos.
En la región del Catatumbo, la situación no es menos preocupante: el ELN mantiene retenidas a más de 50 personas acusadas de colaborar con las disidencias del Frente 33, lo que ha profundizado la crisis humanitaria en esa zona del país.
Según cifras oficiales del Ministerio de Defensa, entre enero y febrero de 2025 se han reportado 40 secuestros en Colombia, de los cuales 31 son con fines extorsivos. Aunque los casos han disminuido frente a los reportados en 2023 y 2024 (338 y 290 respectivamente), la Defensoría insiste en que el secuestro sigue siendo una de las prácticas más crueles y repudiables de los grupos armados ilegales.
“La Defensoría del Pueblo reitera su más enérgico rechazo al uso del secuestro por parte del ELN y de todos los grupos armados ilegales. El secuestro no tiene ninguna relación o conexidad con los delitos políticos que el ELN dice cometer”, puntualizó Iris Marín.
