Por medio de un documento, la Mesa de Víctimas del municipio de Arauca, oficializó su inconformidad con las declaraciones que semanas atrás dio ante el Concejo de Arauca, el alcalde Juan Qüenza.
Ante los concejales y la comunidad en general, el Alcalde Qüenza expresó:
“A las víctimas, a los desplazados, a las mujeres, a los hombres, a los niños, quitémonos el chip de que el Estado nos tiene que dar todo. Trabajemos. No podemos seguir acostumbrando a la gente a que todo hay que darse, a que todo hay que regalarles y que es obligación del Estado hacerles absolutamente todo”
Esas afirmaciones causaron molestia y a través de un comunicado oficializaron su rechazo. En el pronunciamiento, las víctimas del municipio hicieron un llamado de atención al mandatario local, luego de las manifestaciones públicas realizadas en el recinto del Concejo, pues consideran que se hizo de “forma despectiva, estigmatizándolas y creando acciones con daño” contra las víctimas.
“La Mesa de Víctimas del municipio de Arauca está en la obligación moral, social y humana de hacerle un llamado de atención al señor Alcalde sobre las manifestaciones públicas que ha realizado contra las víctimas del municipio de Arauca en las cuales se refiere a ellas de una forma despectiva, estigmatizándolas y creando acciones con daños por el simple hecho de exigir garantías de participación y asignación de recursos en el plan de desarrollo, dejando entrever su desconocimiento a ellas”, expresa una parte del documento.
En el mismo documento, las víctimas del municipio expresaron:
“De esta manera invitamos al señor Alcalde para que lea y analice la ley 1448 del 2011 y su resolución 01668 del 30 de diciembre del 2020, además de las sentencia T-025 del 22 de enero del 2004 en la que la Corte ordena que, el respeto y garantías de los derechos de las víctimas y su desarrollo progresivo, no son facultad del Estado sino una obligación que se materializa en el deber de acatar las normas establecidas, para garantizar la igualdad material y la protección efectiva de los derechos. El no acatamiento de la Ley por parte del Estado, constituye una falta en la realización de aquellas funciones que le son propias, por lo cual debe adoptar medidas efectivas que se traduzcan en acciones afirmativas dirigidas a la atención y protección de los derechos de la población desplazada”, puntualiza el documento.
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