Un extenso análisis publicado por The British Medical Journal (BMJ) documenta el grave deterioro del sistema de salud en Colombia, a raíz de las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro. El reporte describe cómo una red antes elogiada por organismos internacionales enfrenta ahora escasez de medicamentos, cierres hospitalarios y una creciente carga financiera, afectando la atención de millones de ciudadanos.
En su edición del 26 de enero de 2026, el medio científico BMJ, reconocido por su rigurosidad académica y editorial, advierte sobre las consecuencias de politizar los sistemas de salud a través del caso colombiano. El artículo, firmado por el periodista Luke Taylor, detalla que el colapso inició con demoras en la atención, escasez de insumos básicos y postergación de procedimientos quirúrgicos. Posteriormente, se intensificó con el cierre de unidades de maternidad y urgencias, y la suspensión de programas de formación médica especializada.
Según Andrés Vecino, investigador en salud pública de la Universidad Johns Hopkins, “millones de vidas han sido puestas en riesgo y hay personas muriendo”. El experto subraya que la crisis era evitable y que el país debe aprender de esta experiencia.
Durante las últimas dos décadas, el sistema colombiano había sido considerado un modelo regional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial lo elogiaron por su amplia cobertura y eficiencia financiera. Con un 99 % de cobertura poblacional, Colombia registraba uno de los niveles más bajos de gasto directo en salud dentro de los países de la OCDE, y contaba con 11 de los 30 mejores hospitales de Sudamérica.
Sin embargo, tras la llegada de Petro al poder en 2022, su administración impulsó una reforma para eliminar el modelo de competencia administrada entre aseguradoras privadas (EPS), trasladando la gestión al Estado. El presidente argumentó que la salud era un derecho humano que no debía ser manejado por intereses empresariales, llegando a afirmar que “el dueño de Keralty es un criminal”, declaración que posteriormente tuvo que rectificar por orden de la Corte Constitucional.
La reforma no fue aprobada en el Congreso, pero el mandatario utilizó decretos para interrumpir pagos a las EPS y ordenar la intervención de las principales entidades, entre ellas Nueva EPS y Sanitas, que juntas suman más de 15 millones de afiliados. Actualmente, el 60 % de los fondos del sistema de salud son manejados directamente por el gobierno.
Vecino sostiene que el Ejecutivo subestimó los pagos por capitación (UPC) a las EPS durante tres años consecutivos, utilizando proyecciones basadas en los años de pandemia. “Ahora las EPS reciben 100 pesos por cada 109 que gastan, y el gobierno se niega a recalcular”, advierte.
A esto se suma una deuda acumulada de más de 32.9 billones de pesos colombianos a los prestadores de servicios, según un informe del Ministerio de Salud de julio de 2025. Las consecuencias se han hecho evidentes: clínicas cerradas, tiempos de espera que se extienden a más de 24 horas y un aumento de afiliaciones privadas en un sistema donde el acceso privado resulta inalcanzable para gran parte de la población.
Diego Rosselli, exprofesor de economía de la salud en la Pontificia Universidad Javeriana, critica la gestión gubernamental. “Este es el resultado de una ideología que prevalece sobre la capacidad técnica del sistema. Si un estudiante hubiera presentado esos informes financieros, habría reprobado”, dijo.
Si bien los expertos coinciden en que el modelo EPS acumulaba deudas insostenibles y presentaba desigualdades, sobre todo en zonas rurales, también resaltan que la respuesta gubernamental agravó la crisis. La carta abierta publicada por seis exministros de salud en noviembre de 2025 acusa al gobierno de provocar intencionalmente el colapso del sistema para justificar su intervención. “No ha actuado con argumentos técnicos ni evidencia convincente, sino con una estrategia deliberada de desfinanciar, debilitar y desorganizar”, señala el documento.
En algunas clínicas y hospitales en Bogotá, por citar solo a la capital del país, las salas de urgencias fueron cerradas, mientras que los pacientes acuden en peores condiciones y con menos posibilidades de ser atendidos a tiempo. Según cifras citadas por BMJ, el 70 % de quienes ingresan por urgencias requieren hospitalización, mostrando un deterioro en la atención primaria y preventiva.
Denis Silva, representante de la organización Pacientes Colombia, fue más enfática afirmando que “el cáncer no distingue entre izquierda o derecha. Las personas están muriendo innecesariamente, no por sus enfermedades, sino porque no hay citas ni medicamentos”.
Los expertos consultados por BMJ coinciden en que la experiencia colombiana debe servir como advertencia global sobre los peligros de politizar los sistemas de salud. Se plantea la creación de un consejo nacional de seguridad social en salud, independiente del gobierno, para proteger la institucionalidad frente a futuros cambios políticos. “Necesitamos un mecanismo institucional que garantice la continuidad del sistema, sin importar quién llegue al poder”, concluye Vecino.
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