El presidente Gustavo Petro arremetió contra los alcaldes que se negaron a decretar Día Cívico para el 18 de marzo de 2025, fecha en la que se convocaron movilizaciones en apoyo a sus reformas sociales. En un mensaje contundente, el mandatario nacional calificó a estos gobernantes como “alcaldes de la miseria”, argumentando que priorizan los intereses económicos por encima del bienestar del pueblo.
“Para trabajar hay que parar. Los alcaldes de la miseria sirven al dinero y no a su pueblo”, expresó Petro en un trino que generó polémica en distintos sectores del país.
Alcalde de Arauca entre los que no acataron el Día Cívico
Uno de los mandatarios que decidió no acogerse a la medida fue el alcalde de Arauca, Juan Qüenza, quien manifestó que su administración no decretaría Día Cívico porque la ciudad no puede detenerse. En su pronunciamiento, Qüenza dejó claro que la mejor forma de respaldar cualquier iniciativa del Gobierno Nacional es trabajando y ejecutando proyectos.
“No podemos detenernos. La mejor manera de apoyar cualquier iniciativa del Gobierno Nacional es trabajando, no parando nuestras funciones”, afirmó Qüenza.
El mandatario araucano también anunció un plan de seguridad para garantizar el orden público en la ciudad durante la jornada de protestas y enfatizó que no permitirá actos de vandalismo que atenten contra el patrimonio de los ciudadanos.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se sumó a la negativa de declarar el Día Cívico, asegurando que la ciudad debía seguir con sus actividades normales. Gutiérrez señaló que la prioridad de su administración es garantizar el desarrollo económico y la prestación de servicios esenciales.
De igual forma, mandatarios de otras ciudades y municipios del país decidieron no acogerse a la convocatoria, argumentando que la medida no fue socializada previamente y que afectaría el funcionamiento de sus territorios.
Desde el Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro ha sostenido que la jornada de movilización tiene un propósito legítimo y que el Día Cívico no busca perjudicar la productividad, sino permitir que los ciudadanos se expresen en favor de las reformas que plantea su administración.
“Las reformas que estamos impulsando buscan mejorar la calidad de vida del pueblo colombiano. No podemos permitir que nos roben el derecho a manifestarnos”, indicó el mandatario.
Además, Petro advirtió que cualquier empleador que despida a un trabajador por asistir a las marchas será sancionado por la justicia, asegurando que el derecho a la protesta es innegociable en una democracia.
Debate abierto: ¿Debe la administración pública sumarse a las movilizaciones?
Las declaraciones del presidente han generado un debate nacional sobre si los alcaldes deben sumarse a las convocatorias del Gobierno o si, por el contrario, deben mantener la autonomía en la gestión de sus territorios.
Mientras algunos sectores consideran que es un error que ciertos mandatarios no se unan a la convocatoria del presidente, otros aseguran que suspender actividades oficiales puede afectar la economía local, la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos esenciales.
Por ahora, la jornada de movilización se desarrolla con posiciones divididas, donde alcaldes como Juan Qüenza de Arauca y Federico Gutiérrez de Medellín han marcado distancia de la medida, mientras que otros mandatarios han apoyado abiertamente el llamado del presidente.
