La Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana Electoral 2025–2026, un instrumento preventivo que busca anticipar posibles vulneraciones a derechos civiles, políticos y al Derecho Internacional Humanitario antes, durante y después del proceso electoral.
Según explicó la entidad, el documento tiene como finalidad orientar el análisis de riesgo y recomendar acciones específicas a las autoridades competentes, con el propósito de garantizar unas elecciones seguras, libres y en paz en todas las regiones del país.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, indicó que “ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”.
La alerta especial incluye 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos, que buscan una actuación estatal coordinada y eficaz frente a los posibles riesgos. Las principales entidades destinatarias de estas recomendaciones son:
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Ministerio del Interior: debe fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales.
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Ministerio de Defensa y Fuerza Pública: se le encomienda garantizar la seguridad en las vías, los puestos de votación y las zonas con mayores niveles de riesgo.
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Unidad Nacional de Protección (UNP): encargada de implementar planes de contingencia para candidaturas, periodistas, jóvenes, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz.
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Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral: tienen la responsabilidad de asegurar la logística, transparencia y garantías del proceso electoral.
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Órganos de control como la Procuraduría y Personerías: deberán vigilar el cumplimiento de las garantías y la protección de los derechos de la ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo también señala que es necesario aplicar medidas diferenciales para la protección de poblaciones específicas que pueden enfrentar mayores riesgos durante el periodo electoral, entre ellas:
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Precandidaturas y candidaturas, así como sus equipos de campaña y núcleos familiares.
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Funcionarios públicos en cargos de elección popular o que desempeñen funciones relacionadas con el proceso electoral.
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Defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, víctimas del conflicto y firmantes del Acuerdo de Paz.
