Muchas familias de Puerto Rondón han salido desplazadas y otras han quedado confinadas por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.
La Personería del municipio de Puerto Rondón, a través de un documento dirigido a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), solicitó de manera urgente la adopción de medidas para prevenir la vulneración de los derechos e intereses colectivos, ante lo que sería el cierre y levantamiento del punto de atención para las víctimas en esa localidad.
Fue el pasado viernes 27 de junio que en una reunión virtual la directora de la Territorial Norte de Santander, Judith Maldonado Mujica, informó al municipio de Puerto Rondón y a la Personería, que se levantará el punto de atención a las víctimas porque no se estaría cumpliendo con las metas establecidas.
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Según establece la Personería, la población total del municipio de Puerto Rondón está cercana a los 5.000 habitantes donde más del 50% es víctima del conflicto armado. Además refiere el documento, que desde el año 2022 la entidad del Ministerio Público ha tomado 22 declaraciones por hecho masivos, de los cuales 20 son por confinamiento y dos por desplazamiento forzado, esto a raíz de las confrontaciones entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc.
En uno de sus apartes, la Personería de Puerto Rondón advierte que al levantar el punto de atención a víctimas se estaría vulnerando el derecho colectivo para el funcionamiento adecuado, eficiente y oportuno del servicio público de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado interno.
Por último, la Personería insistió que en caso de no acceder a revertir tal decisión, se interpondrá una acción popular con el fin de garantizar los derechos de las víctimas del municipio de Puerto Rondón.
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