A la fecha del presente año; según INDEPAZ, serían más de 35 líderes comunales asesinados en todo el territorio nacional, cinco de ellos de Arauca.
En su más reciente visita al departamento de Arauca, Guillermo Cardona Moreno, presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, se refirió a la difícil situación que atraviesan los líderes en el país, pero más, en la región araucana.
“Históricamente la acción comunal ha sido segregada y estigmatizada por los actores políticos, pero en particular en Arauca pareciera que hay actores armados en medio de la confrontación absurda; como toda confrontación, que están persiguiendo mucho a los comunales sobre todo en el Piedemonte como Fortul, Saravena, Arauquita, Tame”, manifestó.
El presidente de la Confederación lamentó que la situación de amenaza hacia los líderes comunales, no les permita desarrollar su actividad en pleno pues recordemos que fueron suspendidas las audiencias y actividades públicas por el temor de más represalias contra estos líderes.
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Ante la respuesta por parte del Estado, Cardona Moreno considera que la respuesta del Estado ha sido corta para garantizar la vida de aquellos que desarrollan la vida comunal y propuso la creación de un programa de apoyo a los comunales víctimas y amenazados.
“El problema es que el Estado ha sido corto en el apoyo de la acción comunal. Debe existir un programa de apoyo a los comunales amenazados del Ministerio del Interior o de la Gobernación o de la Alcaldía porque no los hay. Pero también debe existir un programa de apoyo a las familias de las víctimas”, aseveró.
Sobre las alianza público populares
Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, también se refirió a los convenios solidarios o alianzas público populares, el cual permite a las comunidades planificar, contratar y ejecutar las obras o proyectos en sus territorios. Frente a esto, expresó que si bien existen varias demandas en la Corte contra de esta figura, esta no ha fallado en contra hasta el momento.
“El obstáculo es a veces la clase política que vive de la intermediación. Ya tenemos tres demandas en la Corte por los convenios solidarios pero no lo han podido tocar porque son la complementación del esfuerzo de la comunidad con el recurso público y eso no tiene objeción, pues hace parte de la eficiencia y transparencia. Hemos llegado a un buen acuerdo con el Gobierno para sacar un decreto reglamentario sobre los convenios solidarios”, manifestó.
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